En medio de una legislatura fragmentada por peleas del oficialismo y permanentes fisuras en los bloques opositores, Axel Kicillof buscará aprobar este jueves el presupuesto para 2025 y la ley fiscal que le permita ajustar los impuestos para el año que viene.
Además, en medio de estas tensiones –que involucran la pelea abierta entre el gobernador y La Cámpora- sobrevuela un firme interés de los intendentes del PJ para eliminar la legislación que impide las reelecciones indefinidas.
Hay más en el “superjueves” de la Legislatura provincial. Kicillof quiere que se convierta en ley la reforma al régimen de jubilaciones de los trabajadores del BAPRO y en el Senado esperan para su aprobación los pliegos de 205 postulantes a cargos de magistrados que deberían cubrir vacantes en el Poder Judicial.
Son todos frentes abiertos con final incierto. Y son peleas que tienen bandos que se cruzan de un lado al otro según cuál sea la disputa.
En primer lugar, está el cálculo de gastos y recursos para el año que viene. Entró por la cámara de Diputados y ya tiene despacho de comisión. Allí el gobernador consiguió una alianza inesperada: contó con los votos de los radicales que responden al tándem Martín Lousteau- Facundo Manes. Es el ala de la UCR que hace poco más de dos meses perdió la interna por el Comité Provincia y en esta instancia decidió el apoyo al gobernador. Pablo Domenichini, el radical del bloque Acuerdo Cívico – UCR-GEN (Evolución), firmó el dictamen del Presupuesto.
En la discusión previa al envío del proyecto al recinto votaron en contra los diputados del PRO, la Coalición Cívica y UCR-Cambio Federal. Estos presentaron dictamen propio de rechazo. Unión Renovación y Fe (conocidos como libertarios “blue” o “massistas”), también rechazaron y presentaron propuesta alternativa.
El ministro de Economía, Pablo López, presentó una previsión de 34 billones de pesos, un cálculo de é un déficit primario de $ 628.680 millones y un déficit financiero de $1.486.271 millones.
El paquete impositivo -en resumen- contempla un incremento de hasta 28% en los tributos “patrimoniales” (patentes, inmobiliario) y un congelamiento de las alícuotas de Ingresos Brutos. “No es una ley tan severa como la de 2024”, reconocen en la oposición.
No obstante, un informe que elaboró el diputado Valentín Miranda y al que accedió Clarín, determina que la Agencia de Recaudación (ARBA) aplica alícuotas más altas que dos de las provincias que serían comparables con Buenos Aires. El cotejo es contra Santa Fe y Córdoba. Y casi todas las actividades productivas y comerciales tienen mayor presión fiscal.
El Parlamento bonaerense tiene previsto sesionar “en espejo”. O sea, ambas cámaras estarían en actividad de forma paralela para poder sacar presupuesto y ley de impuestos, si hay acuerdos.
En Diputados, Kicillof necesita mitad más uno: 47 legisladores. Tiene 37 propios, pero allí hay 12 de La Cámpora y siete del massismo. No es un bloque homogéneo. Está en medio la disputa del gobernador con el sector que conduce Máximo Kirchner. Final abierto por allí.
Diputados también debe resolver un pacto interno por la conducción del cuerpo. El actual presidente, Alejandro Dichiara (responde al esquema La Cámpora-intendentes con lazos con Martín Insaurralde) debería ceder este año el manejo Alexis Guerrera, del Frente Renovador de Sergio Massa. Así lo acordaron hace un año, pero pasaron cosas en el medio: la interna en el peronismo bonaerense que amenaza con dinamitar los pactos.
Este cuerpo deliberativo tiene además el proyecto a ley enviada por Kicillof que entierra la reforma de María Eugenia Vidal (2015-2019) al régimen previsional del Bapro. El actual gobernador propone -otra vez- reducir la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años (se habia elevado a 65); la restitución del 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios (hasta ahora es 70%) y el establecimiento de las pensiones al 75% (la norma de la exmandataria provincial indicaba hacerlo al 70%).
Además, determina que si la caja no tiene recursos, puede recurrir a los fondos de la Tesorería. “Todos los bonaerenses deberán pagar la jubilación de “privilegio” de los bancarios del Bapro”, dicen en los bloques del PRO que resisten la iniciativa.
Por algún resquicio legal o con un proyecto propio, un sector de los intendentes del GBA pretenden que se apruebe la eliminación de la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas de los alcaldes. También fue votada en la gestión de Vidal y con esa limitación 80 de los 135 jefes comunales actuales no pueden presentarse en la próxima renovación –en 2027– por haber cumplido dos o más mandatos. El límite también alcanza a unos 40 legisladores, que podrían estar interesados en renovar sus escaños en 2025.
Una reunión de dirigentes del oficialismo realizada esta semana revitalizó la iniciativa. Tendría el aval de Kicillof. Pero el gobernador dijo que no la presentaría el Poder Ejecutivo.
Es difícil que avance, dijeron fuentes parlamentarias. No tiene –por ahora- respaldo de la oposición en casi todas sus variantes y tampoco el massismo (que impulsó con Vidal esta ley).