Con el rechazo mayoritario de Unión por la Patria, acompañado de otros bloques, el dictamen de García-Mansilla cosechó 51 votos negativos, 20 adhesiones y cero abstenciones. En tanto que Lijo tuvo 43 en contra, 27 acompañamientos y una abstención. Dentro del PRO respaldaron este postura Alfredo De Ángeli, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri; además del oficialista desterrado Francisco Paoltroni.
Consumada la votación, la Cámara alta le dio un duro golpe a la administración nacional al no darle el aval de los postulantes para conformar la nueva Corte. Sin embargo, en Casa Rosada se anticiparon al escenario de derrota y dejaron trascender las opciones que tendrán para cada uno de los candidatos.
En declaraciones radiales previas a la votación en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado que García- Mansilla seguirá siendo miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aunque el Senado rechace su continuidad, tal como ocurrió. En sintonía con lo que indica la Carta Magna, Francos reafirmó que el abogado podría continuar hasta el 30 de noviembre.
Qué dice la Constitución Nacional sobre el futuro de Manuel García-Mansilla en la Corte
García-Mansilla, a quien la Corte ya le tomó juramento, podrá seguir integran el órgano judicial en calidad de comisión hasta fin de año. Esto suponiendo que así lo decida el magistrado, quien a juzgar por su bibliografía en la materia, podría desistir del cargo al no contar con el aval del Congreso.
De acuerdo a la Constitución Nacional, el nombramiento en comisión, camino elegido por el Gobierno para nombrar a ambos jueces, habilita a los magistrados a que asuman temporalmente en la Corte, hecho que en el caso del abogado se consumó en febrero.
Sin embargo, aclara que el cargo será ejercido en primer término de manera «temporal» hasta que el Senado defina su futuro. Con el rechazo de la Cámara alta, se abre un nuevo camino. Por un lado, el juez ocupará el cargo “mientras dure su buena conducta”, a menos que sea removido mediante juicio político. Caso contrario, podrá ejercer hasta el fin de “la próxima legislatura”, circunstancia que operaría el 30 de noviembre de 2025.
La opinión de constitucionalistas sobre la continuidad de García-Mansilla en la Corte
Constitucionalistas se expresaron sobre la postura que debería tomar el abogado tras el rechazo del Senado. Por un lado, Ricardo Ramírez Calvo, coautor con García-Mansilla de diferentes obras del derecho, defendió la postura de la Casa Rosada al señalar que los nombramientos en comisión “otorgan a los designados la plenitud de los derechos inherentes a sus funciones hasta la expiración del plazo señalado”.
Germán Bidart Campos, referente del constitucionalismo argentino, escribió en 1967 que si la Cámara alta rechaza el acuerdo de un juez nombrado en comisión “la negativa senatorial explícita deja ipso jure e ipso facto sin efecto el nombramiento en comisión (para el futuro)”. Y añade: “Que la Constitución diga que el nombramiento en comisión expira al fin de la próxima legislatura no significa que el designado pueda siempre permanecer en el cargo todo ese lapso, a pesar del acuerdo expresamente denegado, sino solamente que permanecerá en el cargo durante dicho término en el único caso de que el Senado no se pronuncie”.
Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, un juez designado en comisión, como García-Mansilla, «cuyo pliego a sido rechazado por el Senado, en este caso por una amplia mayoría, debe cesar automáticamente de su cargo con su renuncia».
«Si a García-Mansilla le queda un poco de dignidad como funcionario republicano, tendría que estar renunciado en este momento. No puede estar un minuto más en la Corte Suprema. La decisión del Senado no solamente es un rechazo formal sino que es un mensaje político muy fuerte por el número y la diversidad de los votos», continuó.
Respecto a la posibilidad de que los otros integrantes de la Corte le soliciten la renuncia a su colega cortesano, afirmó: «A la Corte le queda una última oportunidad que es cumplir con la cautelar del juez Alejo Ramos Padilla«, que le impide ejercer el cargo en el marco de una causa procesal que se inició en La Plata. «Está inhibido de ejercer el cargo», agregó y le pidió que presente la renuncia.
«Es la última oportunidad de la Corte de dar algún signo de institucionalidad. Hasta acá, desde que asumió Milei, no ha dado respuesta. Debe cumplir con la medida cautelar y en segundo lugar, en un acuerdo, dar su opinión administrativa sobre la actual situación, que es que el rechazo del Senado hace inviable la continuidad de García-Mansilla», añadió.
Para el constitucionalista Pablo Manili, el abogado cortesano “no se puede quedar porque la designación de un juez de la Corte es un acto complejo, que requiere la voluntad del Presidente y del Senado” y que esto es aún más claro “desde la reforma constitucional del ‘94, que estableció requisitos más severos para el acuerdo del Senado, ordenando una sesión pública y dos tercios de los votos”.
Para el abogado Daniel Sabsay, García-Mansilla «debería irse de inmediato» dado que «su continuación carecería de legitimidad y sus votos serían muy atacables».
La constitucionalista María Angélica Gelli consideró que «guste o no» debería «obedecerse la decisión del Senado». «El decreto del Poder Ejecutivo no puede bloquear el poder del Senado para examinar los pliegos y dar acuerdo o no. Así como el Senado puede aprobarlos, los puede desaprobar”, dijo y agregó: «La designación en comisión es hasta tanto se expida el Senado”.