La llamada “Ley Alina” ha generado un intenso debate en torno a la legítima defensa y el «enfoque de género» en el sistema penal mexicano.
Propuesta como una reforma al Código Penal, esta iniciativa busca ampliar los criterios para que mujeres víctimas de violencia puedan defenderse sin ser criminalizadas.
Sin embargo, sus detractores advierten que podría abrir la puerta a graves abusos legales.
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¿En qué consiste la Ley Alina?
La ley lleva el nombre de Alina Narciso, una expolicía de Tijuana que, tras sufrir violencia doméstica,mató a su expareja. En 2023, un tribunal revocó la sentencia por homicidio que pesaba sobre ella al considerar que actuó en legítima defensa.
Este caso marcó un parteaguas en el debate sobre la necesidad de proteger legalmente a las mujeres que se defienden de sus agresores.
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Impulsada por legisladoras de Morena y el PAN, la Ley Alina propone modificar los artículos 23 y 49 del Código Penal. Esto para que las mujeres que enfrenten violencia física,psicológica, sexual o feminicida puedan alegar legítima defensa, sin que se les acuse de “exceso” en el uso de la fuerza.
La iniciativa ya fue aprobada en Baja California y actualmente está en discusión en entidades como Tamaulipas y el Estado de México.
Los argumentos a favor
Quienes respaldan la reforma aseguran que se trata de una medida necesaria ante un sistema de justicia que históricamente ha revictimizado a las mujeres. Señalan que muchas mujeres son tratadas como criminales al defenderse de agresiones graves, sobre todo dentro del hogar.
Además, sostienen que la Ley Alina incorpora una perspectiva de género que permite juzgar estos casos en su verdadero contexto. Una situación de abuso sistemático y desigualdad de poder, donde la defensa de la víctima puede ser su única vía de supervivencia.
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Las voces críticas: ¿riesgo de impunidad?
En el lado opuesto, comunicadores como Alex Flores y otros analistas han advertido sobre los riesgos de esta reforma. Acusan que la eliminación del concepto de “exceso en la legítima defensa” puede dar pie a que homicidios sean justificados sin pruebas sólidas.
Según Flores, el texto es demasiado ambigüo y no define con claridad qué se considera un “peligro inminente”. Tampoco define cómo se evaluará si realmente existió una situación de violencia.
Esto podría permitir que una mujer alegue sentirse amenazada sin que haya una amenaza real o directa, creando así un vacío legal peligroso y discriminatorio.
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Ambigüedad legal: el punto de tensión
El mayor foco de controversia en la Ley Alina es precisamente la falta de parámetros claros. Los críticos temen que esta ambigüedad facilite abusos, mientras que los defensores consideran que es una herramienta de protección vital para mujeres en riesgo.
El reto para los legisladores será afinar el marco jurídicopara garantizar justicia real: proteger a las víctimas de violencia. Pero sin permitir que la ley se convierta en un escudo para la impunidad.