Las protestas de los estatales, sobre todo el “quilombazo” de los municipales, fueron el detonante para reinstalar la discusión sobre una ley antipiquetes. El ministro Juan Pablo Quinteros fogoneó con su demanda el debate, pero la postura inflexible de Agustín Spaccesi no admite grises. Y pone incómodo al PJ que ya exhibe su división.
Al debate empantanado en la comisión de Seguridad que preside Nadia Fernández, se sumó la ácida crítica de los juecistas contra Quinteros.
Pese a la interna sindical, el proyecto antipiquetes logró unir en el rechazo a las dos CGT, las CTA y la UTEP (economía popular) y la rareza de escuchar una misma frase en boca de Antonio Russo (legislador del PJ de extracción gremial) y de Luciana Echevarría (parlamentaria de izquierda): “Esto es criminalizar la protesta”.
En su impugnación, el oficialista se enfocó en tres aspectos: se presume delictivo toda ocupación del espacio público y se le da la facultad a la Policía sin que intervenga la Justicia. “Es bastante peligroso eso”, se quejó. También objetó la identificación de los organizadores de las protestas.
El frente sindical fue contundente en su “repudio y rechazo” al proyecto de ley presentado por la legisladora Fernández (HUpC) y a las expresiones vertidas por el ministro de Seguridad. Regular el derecho a la expresión y a la protesta “es dar vía libre a la represión”, condenó y tildó como “antidemocráticas y anticonstitucionales” a sus declaraciones.
“Spaccesi lo hizo”
Fue una de las conclusiones de pasillo tras escuchar al parlamentario de LLA defender con vehemencia su iniciativa que se referencia en el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, aplicado en Caba. El áspero cruce del libertario con representantes de organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) alineó en la crítica a radicales, juecistas y a Echevarría. Esta última adelantó su “fuerte rechazo”.
“No hay manera de pararse del lado de Spaccesi”, coincidieron en señalar voces opositoras. Ni siquiera los que responden a Luis Juez (hoy cerca de Javier Milei) que criticaron duro. El radical Dante Rossi, autor de una iniciativa sobre el tema, se desmarcó. “Mi proyecto no tiene nada que ver con el espíritu del proyecto de Spaccesi”, acentuó.
El libertario ya le había bajado el precio a la propuesta del alfonsinista que fija un radio de prohibición (microcentro de la capital) y, por fuera de esa zona, no hay limitaciones. Aunque, sin tocar las grandes marchas: la del 24 de marzo, Ni una Menos y por la diversidad.
“No estamos discutiendo si tiene que haber o no marchas”, sentenció Rossi al contrastar su proyecto con el de LLA. En su planteo pidió hacer “un pacto de convivencia” que implique “reglas claras” para no complicar al resto de la sociedad. En tanto, Fernández rehabilitó el proyecto del exlegislador Juan Manuel Cid. Esa iniciativa es de otro tiempo. En su esencia apuntaba a los acampes del Polo Obrero.
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Tolerancia cero
Spaccesi dinamitó los puentes con su “tolerancia cero” ante los cortes de calles de las marchas que interrumpen la libre circulación. “Es un delito”, afirmó. En su duro cruce con organizaciones de DDHH, el parlamentario subrayó: “Buscan tomar de rehenes a los habitantes de la provincia. Eso es lo que hacen cada vez que cortan calles. Lo hacen de manera coactiva, lo hacen de manera violenta”.
Fue en respuesta a los dichos de María Luque, de la Mesa Provincial de DDHH, quien aseguró que “las marchas son pacíficas y son por causas justas”. “Eso es inteligencia”, marcó Luque ante el punto de la iniciativa libertaria de identificar a quienes dirigen las protestas para que después les paguen a los comerciantes afectados.
“Si hay un delito, se busca identificar a todo aquel que participó del delito”, retrucó Spaccesi. “No se busca cercenar ese derecho (por la protesta). Se busca cercenar la mecánica extorsiva” de los que cortan calles para generar “un malestar social” que “hace que los decisores políticos tomen determinadas cuestiones”, pero “se cagan en el bien común para buscar un bien sectorial”, remató.
Desde el juecismo, Nancy Almada calificó como una mala copia a la iniciativa del libertario respecto del protocolo de Bullrich. “Se termina hablando de cosas absolutamente descabelladas”, dijo. “Si el ministro Quinteros está detrás de esto o se autopercibe Bullrich lo debería tratar en terapia”, lanzó. En la misma línea dura, Walter Nostrala fustigó: “Si el poder político tiene la necesidad de ordenar (las protestas) tiene las herramientas para hacerlo hoy, si quieren, sin tantas vueltas”.
Voz oficialista
Fernández sostuvo “la obligación de poner en debate todos los proyectos de los legisladores” y dijo que “no es una discusión sobre la legitimidad de la protesta social, sino más bien saber que es necesaria una regulación” en cuanto al accionar del Estado “en las manifestaciones en contextos de alta conflictividad social”.
“Todas las iniciativas en relación a este tema se pueden debatir, no necesariamente deben despacharse y aprobarse en el recinto”, aportó. En los pasillos, sus dichos se interpretaron como que al tema “se le buscará bajar la espuma”, opinó una fuente legislativa.