El 14 de febrero a las 19:01, en medio de un viernes que era noticia únicamente por los festejos de San Valentín, el presidente Javier Milei usó su muy activa cuenta de X para publicar un tuit. En lugar de insultos a mandriles economistas, enojos contra periodistas o autoelogios, contenía un mensaje fuera de su registro habitual: un contrato inteligente para comprar un criptoactivo denominado $LIBRA que serviría para fondear empresas argentinas.
$LIBRA explotó. Su precio subió en minutos y se desplomó unas horas después dejando un reguero de damnificados y a un par de vivos que invirtieron centavos o nada y se llevaron más de 100 millones de dólares. Milei, por su parte, borró el tuit. Es uno de los pocos posteos en haber eliminado de su perfil.
Pero era tarde. Porque ese tuit ya había desatado un conflicto a varios frentes, que se disputa desde el complejo mundo del trading de criptomonedas a los vericuetos legales de las comisiones del Congreso, y buscan desentrañar cómo llegó el Presidente de la Nación a promocionar (o difundir) una memecoin hoy acusada de estafa.
A continuación, un mapa de los distintos escenarios donde hoy se despliega el conflicto que tiene salpica al Gobierno.
$LIBRA en la justicia: avanza la causa en EE.UU. y hay hermetismo en Argentina
Las causas judiciales que investigan si existió una estafa alrededor de la creación de la criptomoneda $LIBRA van a dos ritmos distintos. Mientras en Estados Unidos las partes van acumulando presentaciones públicas y nuevas pruebas cada semana, en Argentina el hermetismo es total.
Esta última semana las noticias llegaron del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza federal Jennifer L. Rochon. Allí se tramita la denuncia contra empresarios cripto que lanzaron el proyecto, a quienes acusan de haber montado un esquema amañado, diseñado de origen para engañar a los inversores y habilitar a un grupo de billeteras cripto a retirar el dinero.
La causa es impulsada por el inversor Omar Hurlock, junto a los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, que el miércoles dieron un golpe de efecto: ampliaron la denuncia original y pidieron que se tome a los acusados como una ‘asociación ilícita empresarial’ a investigar bajo la Ley RICO, el equivalente a la Ley Antimafias local.
Plantean que no fue solamente una estafa ni un negocio que salió mal. Esta asociación ilícita (según los abogados) incluye a Hayden, Gideon y Charles Davis, junto a su empresa Kelsier Ventures; a la firma cripto Meteora y a su CEO, Benjamin Chow. En esta instancia, no aparecen dentro de los acusados ni funcionarios ni empresarios argentinos. Este punto responde a la intención de los abogados querellantes de evitar complejizar una causa que busca reparación económica incluyendo a un Presidente o a un Estado en la demanda.
En un giro discursivo pensado para desprestigiar a los inversores, Hayden Davis ahora sostiene que $LIBRA fue siempre una memecoin y que debe tomarse como la apuesta arriesgada (y algo en broma) que representan esos activos digitales. Es una contradicción contra lo que siempre planteó: que era una herramienta para fondear e invertir en PyMES argentinas.
Sin embargo, a medida que va desentrañándose el origen de la cripto, empiezan a aparecer con mayor frecuencia en el expediente el nombre de Javier Milei. Hace unas semanas fue el propio Hayden quien sostuvo en un escrito que la criptomoneda cayó definitivamente cuando Milei le retiró su apoyo y borró el tuit.
Esta semana, por primera vez, apareció Karina Milei nombrada. Fue para reconstruir el trabajo de Lobby que hizo Hayden Davis durante casi todo un año para congraciarse con los hermanos Milei. Allí se cita un artículo de The New York Times, que afirma cómo Davis se jactaba de manejar palancas sobre el presidente a través de envíos de dinero a Karina.
«Podemos tener a Milei tuiteando, en reuniones personales o promocionando. A ese tipo lo tengo controlado. Le envío $$$ a su hermana y firma y hace lo que le diga. Es una locura«, dice Davis en un mensaje de texto de diciembre de 2024, que aparece ahora citado en la causa de Nueva York.
Las partes se verán las caras el próximo martes 19 de agosto, cuando la jueza Rochon decida qué hacer con una orden de congelamiento sobre las billeteras virtuales de Kelsier Ventures, que tienen activos cripto valuados en unos 70 millones de dólares producto del retiro de fondos durante la noche en que se lanzó la criptomoneda.
Hayden dijo que ese dinero le pertenece a la Argentina. Curiosos, un grupo de bonistas londinenses que reclaman a la Argentina el pago de un juicio ganado, ya preguntaron condiciones para ver si pueden cobrase de allí la deuda que tiene el país con ellos.
En Argentina, la causa marchó con hermetismo hasta la feria judicial. Está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Romilda Servini, y apunta contra el presidente Milei, su hermana Karina y un grupo de empresarios cripto: Hayden Davis; Julian Peh, titular de Kip Protocol; y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables de organizar el evento de tecnología Tech Forum, donde (se cree) comenzó parte de las reuniones para lanzar el proyecto.
Taiano pidió algunas medidas de prueba a la embajada de Singapur sobre Julian Peh (ciudadano de aquel país), además de exhortos a Meta y Google sobre la página «Viva la Libertad Proyect», que se había montado para canalizar los posibles receptores de la ayuda.
El fiscal también había requerido al área especializada en investigación patrimonial «asistencia para elaborar una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, desde el año 2023 hasta el presente».
Una de las puntas por la cual reclaman los querellantes es saber la titularidad de tres billeteras virtuales de Binance que estuvieron entre las primeras compras de $LIBRA ni bien salió la cripto al mercado. Por la velocidad y los montos que manejaron, se cree que tendrían información privilegiada.
Taiano pidió información a Binance sobre esas wallets y la plataforma respondió. Sin embargo, en lugar de incorporarlo a la causa lo remitió a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dirigida por el fiscal Horacio Azzolin, para que ellos dictaminen. Las partes ya pidieron poder acceder a esa información para que pueda ser analizada por otros técnicos especialistas.
La comisión de Diputados, en un limbo: ¿ya se cayó o ni empezó?
La Comisión $LIBRA es uno de los temas más espinosos para el oficialismo en la Cámara de Diputados y parece haber entrado en un laberinto sin salida. Es que a meses de su creación, se aprobó el 8 de abril, todavía ni siquiera ha podido definir a sus autoridades por un empate 14 a 14 entre sus miembros.
En el oficialismo ya dejan trascender que el plazo de su trabajo, que era de 90 días, se venció. En la oposición insisten en que no puede considerarse constituida, es decir, que el contador de días no se inició aún.
En efecto, la comisión se reunió en tres oportunidades. En el primer encuentro, que tuvo lugar el 30 de abril, cuando los integrantes de la misma se vieron las caras, intentaron elegir autoridades y no hubo acuerdo.
El empate no pudo destrabarse nunca, ni siquiera en el recinto. Sin embargo a raíz de un acuerdo entre libertarios y kirchneristas se emplazó a la comisión a reunirse el 10 y 25 de junio para escuchar a expositores, bajo la presidencia ad hoc del secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, algo inédito.
En esas reuniones se definieron los expositores a citar y luego se los escuchó, pero ambos encuentros detonaron la nueva polémica que envuelve a la comisión $LIBRA en la Cámara Baja. Es que para los libertarios y aliados, la participación sui generis de Pagán a cargo de la comisión ya implicaría su constitución, con el plazo de tres meses corriendo. Para la oposición, en cambio, sin un diputado como titular esos 90 días seguían stand by, es decir con la cuenta regresiva congelada.
Así las cosas, el días de las exposiciones, hubo diputados que se retiraron antes de escuchar al primer orador para no convalidar la situación. Fue el caso de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica. «No estamos convalidando esta comisión, que no tiene autoridades, y no hay posibilidad de una investigación sin autoridades«, sostuvieron.
El asunto de los plazos podría saldarse el próximo miércoles 6 de agosto en el recinto, donde la oposición buscará tratar el proyecto de los diputados lilitos –que acompañan diputados de todo el arco opositor- para destrabar la oclusión en la que se encuentra el debate.
La iniciativa busca modificar algunos artículos del proyecto que creó la comisión para definir al presidente de la misma en caso de empate. Para que avance, se necesitan 2/3 de los votos, algo que parece imposible, más en un tema tan delicado para el oficialismo como es $LIBRA. Por lo tanto se puede proyectar que, en definitiva, en la sesión se emplazará a Silvia Lospennato, titular de Peticiones y Poderes, y a Nicolás Mayoraz de Asuntos Constitucionales, a que le den dictamen para recién tratarlo en otra sesión, convocada el día 20.
«Para nosotros la resolución que impulsó la oposición está cumplida. La integración de la comisión, su composición y su reglamento indicaban cómo proceder en cada instancia. De acuerdo a ello se constituyó la comisión, se recibieron expositores que, según se vio, no aportaron ninguna prueba concreta sobre la afectación de la estafa $LIBRA hacia los recursos públicos de los argentinos y se terminó el plazo fijado», explicó a Clarín Silvana Giudice, del PRO, que integra la comisión.
Para la diputada de la Ciudad, no hay más que debatir. «Con el cumplimiento del plazo estipulado esta cumplida y terminada la actividad de la Comisión investigadora», sintetizó. Un argumento compartido por el bloque de La Libertad Avanza y también por sus aliados, que consideran que la labora de la Comisión $LIBRA está terminado. Fin (?).
La Unidad de Tareas $LIBRA: información reservada y una única integrante
La Unidad de Tareas de Investigación que el Gobierno creó por decreto (el 114/25) días después del vendaval político, al final la conformó una única persona: María Florencia Zicavo, la mano derecha del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El dato de la unidad de investigación fue confirmado por el Ministerio de Justicia ante un pedido de información pública de Clarín, en el que se le pedía al Estado detalles de cuántas personas habían participado de esa unidad de tareas del caso $LIBRA, cuáles eran sus nombres y de qué dependencia pública provenían.
Cuando se creó la unidad transitoria de investigación, cuyo principal objetivo era apaciguar las críticas en los primeros días del cimbronazo, se estableció que la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia iba a presidirla.
La resolución 72/2025, firmada por Cúneo Libarona, así lo expresaba: “Establécese que la UNIDAD DE TAREAS DE INVESTIGACIÓN (UTI) será presidida por la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nro. 114 de fecha 20 de febrero de 2025”. Y agregaba en otro artículo: “La titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA, en el marco de lo prescripto en el artículo precedente, tendrá a su cargo el dictado de las normas operativas y complementarias previstas en el Decreto N° 114 de fecha 20 de febrero de 2025”.
El detalle que no apareció en dicha resolución, publicada el 26 de febrero en el Boletín Oficial, fue que Zicavo iba a ser la única integrante de esa unidad, además de su presidenta. Es decir: presidente de ella misma.
“Al respecto, se informa que la Unidad de Tareas de Investigación se encontró constituida únicamente por la suscripta”, informó el Gobierno en respuesta al pedido de información pública de Clarín, en un documento que lleva la firma de la propia Zicavo, cuyo trabajo investigativo, ratificó la funcionaria de Justicia, “no generó erogación alguna”.
María Florencia Zicavo es en los cargos la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, pero oficia como mano derecha del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Funcionaria de extrema confianza del famoso abogado, opera en la cartera como la jefa de Gabinete, y es una suerte punto de equilibrio en la interna que atraviesa Justicia y enfrenta Cúneo con su segundo, Sebastián Amerio.
Abogada especialista en derecho Migratorio, Zicavo, 36 años, trabajó como docente de Derecho Administrativo en la UBA, donde durante la pandemia ofreció varios cursos vía Zoom para el Centro de Graduados, y además fue relatora de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
De perfil bajo y muy reservada, ingresó al gobierno en junio de 2024 tras la renuncia, por razones personales, de Diego Guerendiain, jefe de Gabinete de Cúneo durante los primeros meses de la gestión libertaria. Tuvo un primer fogoneo público tras una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo que la acusaba de ser la autora de un proyecto para disolver la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.
Tras su rol en la «Unidad de Tareas $LIBRA», la funcionaria de Justicia representó a la Argentina en la Conferencia Internacional sobre Reasentamientos Humanos y Vías Complementarias celebrada en Ginebra, Suiza, según figura en el sitio del ministerio de Justicia de la Nación.
Información confidencial solo para enviar a la Justicia
Clarín quiso conocer detalles de la información recabada por la Unidad de Investigación creada en el Estado, pero el Gobierno rechazó ese pedido afirmando que todo lo que se envió al Ministerio Público Fiscal reviste un carácter confidencial.
Lo hizo amparándose en los incisos g) y l) del artículo 8° la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública que establece en qué casos el Estado puede negarse a responder sobre un asunto en particular.
En ese sentido, el inciso g) afirma que no puede dar “información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso”.
El l), en tanto, señala que tampoco podrá remitirse “información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación”.
En su respuesta, el Ministerio de Justicia afirma que el carácter reservado de la información manejada por la Unidad $LIBRA se explicitó en artículo 3 del decreto 114/25 que creo esa Unidad de Tareas de Investigación (UTI). “La información, datos y documentación obtenida deberán ser mantenidas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”, reza el párrafo que podría interpretarse como asignado carácter secreto a esa información.
Ya el diputado de Unión por la Patria Juan Marino había recibido una respuesta similar ante un pedido de información pública para conocer detalles de la actuación de la UTI $LIBRA.
“El Ministerio de Justicia rechazó mi pedido de acceso al informe de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) sobre la estafa $LIBRA. Alegan que es información reservada. ¿Por qué es secreto? ¿Qué ocultan? ¿O simplemente no quieren admitir que no investigaron nada?”, se quejó el fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera.
El Ministerio de Justicia rechazó mi pedido de acceso al informe de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) sobre la estafa $LIBRA. Alegan que es información reservada. ¿Por qué es secreto? ¿Qué ocultan? ¿O simplemente no quieren admitir que no investigaron nada?
— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) July 2, 2025
¿Hubo algún informe sobre los datos que recolectó Zicavo? Tampoco. Pero es porque desde su origen, la función de la UTI $LIBRA tuvo el único objetivo de reunir y enviar información a la Justicia, sin procesarla ni emitir opinión.
“El Decreto 114/25 no estableció que la UTI debiera producir ningún informe final, con el detalle de los requerimientos efectuados y de las respuestas recibidas”, sostuvo el Ministerio de Justicia.
En ese sentido, “la norma de creación estableció que esa Unidad de Tareas no podía emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”, agregó el Gobierno en su respuesta a Clarín, en la que se señaló que no se facultó a la UTI $LIBRA “para que procese la información obtenida de los organismos y entidades a los que se requirieran datos y/o documentación”, sino ponerla a disposición de las autoridades competentes” para ser puesta en manos del Ministerio Público Fiscal.
Así, lo único que se pudo conocer sobre el funcionario del trabajo de la UTI $LIBRA presidida e integrada solamente por la jefa de asesores del ministro Cúneo Libarona fue lo que se plasmó en el decreto 332/25 que la disolvió el 20 de mayo pasado, 90 días después de su creación.
Ahí, sin dar mayores detalles, se enumeró que se le requirió información y documentación vinculada con el criptoactivo denominado “$LIBRA” a varios organismos financieros como son la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En su trabajo, Zicavo además obtuvo datos de la Casa Militar de la Secretaría General de Presidencia, presumiblemente para acceder a los ingresos a la Quinta Presidencial de Olivos y Casa Rosada, a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), a la Oficina Anticorrupción (OA), a la Secretaría Legal y Técnica, a Cancillería, a la Agencia de Acceso a la Información Pública, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la subsecretaría de Asuntos Políticos que depende del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
La respuesta oficial: «Lo de $LIBRA es una cama», dice Milei
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Milei: «Lo de $LIBRA es un vuelto»
El 9 de julio, al ser consultado por el periodista Luis Majul en radio El Observador, Milei hizo hincapié en el trabajo de la Unidad de Investigación, liderada y conformada únicamente por Zicavo. “El tema Libra, digo yo: la Oficina Anticorrupción probó que soy inocente”, dijo el Presidente.
─Pero la Oficina Anticorrupción ya estaba mal durante el gobierno de Macri, es una dependencia del poder Ejecutivo… ─lo interrumpió Majul.
─A ver, vamos por partes ─pidió Milei─ Nosotros creamos una unidad transitoria de investigación que recopila la información. Toda esa información la pusimos a disposición de la Justicia. Estamos todos a disposición de la Justicia. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema en hacer este tipo de cosas. Digo, es obvio que no hay corrupción. ¿Sabés por qué? Porque en el medio no hay fondos públicos.
─Pero puede haber defraudación a privados ─insistió el conductor.
─A ver, será un problema entre privados. De vuelta: yo lo que quiero decir es…
─¿Usted no se levanta a la mañana preocupado, es algo que no lo inquieta?
─No, y voy a explicar por qué. Yo lo expliqué cientos de veces. Es más, la nota que hizo Jonny Viale, me hizo 47 preguntas sobre esto y está bien claro todo lo que pasó. Ahora, dicho esto, que me lo pregunten y lo contestaré como contesto todo el tiempo, y como te lo estoy contestando a vos, Luis, no es un problema. Voy a esto: cuando vos mirás la situación, yo te digo… ahora voy a cosas ir más arriba. Primero: no intervienen fondos del Estado, con lo cual no hay corrupción. No hay fondos del Estado, no hay corrupción. Y si hay, es un problema entre privados, y se arregla entre privados ─sentenció Milei.
─Un privado puede ser el presidente. O sea que no hay fondos del Estado, pero hay un funcionario público.
─Bueno, eso tiene una gravedad si fue financiado con fondos del Estado. Pero acá no hay fondos del Estado. Además, puse a disposición todas mis cuentas. Me han revisado todo. Por eso a mí ni me preocupa. Es más, todo lo que me digan, todo lo que me pidan, lo he entregado todo para que puedan revisar todo. El problema es que acá hay gente opinando sobre estos temas que no sabe ni siquiera hacer una transferencia bancaria. ¿Okay? Y esto era un bicho demasiado complejo para operar, incluso para una persona acostumbrada a operar en términos financieros.
En ese contexto, Milei catalogó al caso $LIBRA como un pase de facturas contra él. “Yo me estoy bancando el vuelto, ¿no? Porque yo estoy haciendo una reforma del Estado. Le estoy rompiendo los curros a todo conjunto de hijos de puta que cagaron a la Argentina, y $LIBRA es un vuelto…”, lanzó.