Este martes la bancada del Frente de Izquierda Unidad presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución para «repudiar la denuncia penal realizada por parte de la empresa Industrias Secco (imputada en la causa Cuadernos), presentada en la justicia federal, contra los trabajadores en lucha contra despidos ilegales y discriminatorios perpetrados por la misma».
En el texto, aseguran que esta denuncia realizada por la patronal «es parte de la política de amedrentamiento y persecución que viene profundizando la mencionada empresa que, en 2024, despidió a 7 trabajadores eléctricos y, en 2025, a otros 30 empleados del sector de emergencias».
Presentamos proyecto desde el @Fte_Izquierda repudiando la denuncia penal de la patronal de la empresa Secco contra los trabajadores que vienen realizando medidas de lucha contra los despidos. Todo nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores pic.twitter.com/QDI8FbmfiI
— Christian Castillo (@chipicastillo) August 5, 2025
El proyecto presentado también señala la ilegalidad en el accionar de la empresa: «En este caso se trata de despidos que además son antisindicales, también prohibidos por la Ley de Asociaciones Sindicales, más aún en el caso de delegados y candidatos a delegados. Como estos despidos están prohibidos, el reclamo de reincorporación que realizan los trabajadores es completamente genuino». Y destaca que «estos actos ilegales abrieron un conflicto laboral contra los despidos que lleva meses y que consiguió la solidaridad de importantes organismos y personalidades de derechos humanos».
La respuesta de la empresa hasta ahora ha sido denunciar penalmente y criminalizar a los trabajadores que enfrentan los despidos.
Repudio a la denuncia penal realizada por Industrias Secco by La Izquierda Diario
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«Este ataque y amedrentamiento permanente a los derechos elementales de los trabajadores por parte de la empresa, con los que se pretende impedir la libertad de expresión, la posibilidad de organizarse sindicalmente, de ejercer el derecho a huelga, a la protesta y a la defensa de los puestos de trabajo, merece el más elemental rechazo», asegura el documento presentado por los diputados. E insiste en que la empresa no tiene ningún tipo de crisis, sino todo lo contrario: «En los últimos años, firmó múltiples contratos con el Estado (nacional, provincial, municipales), participó y fue adjudicataria de nuevas licitaciones, puso en pie un parque solar en Rosario y construyó naves industriales que implican millones de dólares de inversión. Y quiere utilizar personal ajeno a la planta de San Martín para realizar tareas que antes realizaban los trabajadores despedidos».
Es importante recordar que Jorge Balán, dueño de la firma, será juzgado por cohecho (pago de coimas) en la conocida causa de los Cuadernos, tras haber reconocido la entrega de al menos dos pagos en efectivo a Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación, como parte de una «obligación no escrita» para acceder a contratos de generación energética. Tal como aseguró Roberto Torres, abogado de los trabajadores, «los que van al banquillo de los acusados en noviembre, pretenden amedrentar a los trabajadores que desafían la impunidad patronal».
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