El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hará este martes una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de reactivar el reclamo por una millonaria deuda que, según la administración bonaerense, mantiene el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.
En total, la provincia exige $12,1 billones, cifra que incluye compromisos previsionales, obras públicas suspendidas y programas nacionales discontinuados.
Entre los puntos centrales del reclamo está una deuda de $1,6 billones correspondiente a transferencias previsionales que la Anses debería girar a la caja provincial. El resto se divide entre deudas directas, obras comprometidas no ejecutadas y retrasos o cancelaciones de programas federales.
El reclamo de Axel Kicillof a Javier Milei por fondos vuelve a la Corte
El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicó en conferencia de prensa que la presentación judicial responde a la falta de avances en la causa iniciada por la provincia en abril de este año.
«En el día de mañana, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires va a presentar un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando los fondos previsionales que el gobierno nacional le adeuda a la Provincia de Buenos Aires», sostuvo Bianco, y remarcó que, a diferencia de los expedientes de otras provincias, el reclamo bonaerense «no tuvo avances».
Además, anticipó que el pedido incluirá una solicitud formal para que el máximo tribunal se declare competente y convoque a una audiencia entre las partes, replicando lo que ocurrió en los casos presentados por Córdoba y Santa Fe. «Se solicitará que la Corte se expida sobre su competencia para entender en la causa y que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las causas de las provincias de Córdoba y Santa Fe», precisó el funcionario.
El detalle de las deudas que Provincia le reclama a Nación
Durante la misma conferencia, el gobierno bonaerense dio a conocer un informe actualizado con el monto total de las deudas que le adjudica a Nación. Según ese documento, la administración de Milei mantiene:
- $3,04 billones en concepto de deudas directas, es decir, fondos ya devengados y no girados.
- $6,9 billones por obras públicas comprometidas y luego detenidas.
- $2,1 billones por la discontinuidad o demoras de programas nacionales en ejecución.
Entre los principales rubros figuran 180 obras públicas frenadas, que representan $4 billones; proyectos del Plan Procrear, por $1,25 billones; y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), con una deuda que también ronda los $1,25 billones.
El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, también tomó la palabra para cuestionar duramente el impacto de la política nacional en materia de infraestructura. «En un año y medio, Milei logró destruir y deteriorar toda la inversión de infraestructura que se había desarrollado durante cuatro años en el país y en la provincia», señaló, y fue más allá: «Es la primera vez en la historia que vemos a un presidente que no ha inaugurado ni un solo kilómetro de ruta o entregado al menos una vivienda».
En la misma línea se expresó Romina Barrios, titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), quien denunció la paralización total de proyectos financiados por Nación: «Mientras el gobierno nacional paralizó todo y eliminó fondos que financiaban proyectos importantísimos para los bonaerenses, la Provincia sigue con la determinación de continuar todas las obras», afirmó. Y agregó: «Actualmente tenemos 13 obras por $66.000 millones listas para iniciarse, y diez más en proceso de licitación».
Un nuevo capítulo en la disputa judicial
La presentación de este martes ante la Corte será la séptima demanda formal que el gobierno bonaerense interpone contra la gestión de Milei desde que comenzó la disputa por la distribución de fondos. Aunque la administración provincial reclama en varios frentes, este nuevo intento apunta a poner presión judicial sobre uno de los temas más sensibles: los recursos previsionales.
Kicillof busca así recuperar protagonismo en el debate por el reparto de partidas y fortalecer su posición política frente a un Gobierno nacional que, por ahora, mantiene congeladas muchas transferencias discrecionales. Mientras tanto, la Corte aún no definió si tomará el caso y cómo avanzará con los reclamos acumulados de distintas provincias.