Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, no se siente cómodo cuando lo entrevistan. No suele exponerse. Pero la crisis por las muertes de fentanilo contaminado lo obligaron. Sintió que tenía que aparecer en escena, confiaron desde su entorno a PERFIL.
Lugones no es un apellido más dentro del gabinete. Mario es el padre de Rodrigo Lugones, íntimo amigo de Santiago Caputo y socio del asesor presidencial en la consultora de comunicación Move Group. Por eso los movimientos del jefe de la cartera sanitaria no pasan inadvertidos y mucho menos en una inédita crisis de intoxicación medicamentosa.
El viernes por la tarde tomó la decisión de realizar un raid mediático para explicar qué sucedió con el fármaco que ocasionó hasta el momento 96 muertes. Quería ofrecer respuestas y un panorama en medio de críticas de la oposición. El frente político se complicó en muy poco tiempo. Ahora la mayoría del arco opositor quiere escuchar sus explicaciones en el recinto de la Cámara de Diputados, pero que aporte información oficial. Para mitigar daños, rompió el silencio, pero el impulso dejó en evidencia las fragilidades que enfrenta sus declaraciones que contrastaron con la línea discursiva previa de la Casa Rosada. El Gobierno, a través de la oficina del Presidente, se concentró en cuestionar la actuación del juez que está a cargo del expediente que indaga las muertes, Ernesto Kreplak. Lo critican por no haber ordenado la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma que produjo el fentanilo. El Gobierno amenazó con recusar al juez Kreplak porque su hermano, Nicolás, es ministro de Salud bonaerense. Poco antes de la agudizaciòn de la crisis, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se había despegado de ese amague de recusaciòn contra el juez. Este viernes, Lugones también tomó distancia del fervor por cargarse a Kreplak. El titular de la cartera de Salud solo atinó a decir que está de acuerdo con los familiares de los fallecidos. Se organizaron para pedirle al Gobierno, a través de los medios, que no entorpezca la investigación del magistrado.
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También reforzó la idea de que su cartera está haciendo todo lo que esté a su alcance para colaborar con la Justicia. En otras palabras, que no pretende pelearse en este momento contra Kreplak..
“El Ministerio es querellante. Estamos ayudando. Anmat hizo la denuncia penal, que recayó en el juez federal de La Plata. El juzgado de La Plata le pidió al Malbrán que sea perito de parte para colaborar en la determinación de las pruebas genéticas”, sostuvo.
La narrativa que articuló Lugones desde este viernes afronta cifras que lo incomodan. Las cifras oficiales hablan de congelamiento presupuestario de la Anmat, que incluye salarios que perdieron 20 puntos contra la inflación de 2025. Lugones admitió recortes de funciones, pero no de personal. Actualmente, el organismo tiene 216 inspectores. “Si querías importar termos, hasta curitas, tenías que pasar por Anmat; un sinsentido. Los medicamentos sí: hay que estar inscripto para poder traerlos”, advirtió el ministro con otro mensaje: que todo lo que llega a manos del consumidor va a ser auditado por el área que depende de su cartera. Hay otro tema que genera controversias en el oficialismo. Los supuestos informes sobre el estado de situación enviados a funcionarios. En Balcarce 50, a lo largo de la semana, señalaron que circularon documentos con acciones de la gestión libertaria en torno a la problemática. El viernes, en la Casa Rosada un alto funcionario le dijo a PERFIL que cada uno de los ministros estaba al tanto del tema, gracias a textos elaborados por Salud.