El gobierno de Javier Milei ingresará en las próximas semanas en días definitorios para la aprobación de la reforma laboral, que cuenta con dictamen desde diciembre pasado en la Cámara alta y tiene como fecha tentativa de tratamiento el próximo 10 de febrero. En ese tramo final, uno de los ejes que más ruido genera en el vínculo con los gobernadores es el impacto fiscal de las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias incluidas en el proyecto.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los cambios impositivos asociados a la modernización laboral implicarían una pérdida de recursos coparticipables para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por $1,2 billones en moneda actual, mientras que el Estado nacional dejaría de recaudar $789.333 millones. En total, la baja impositiva ascendería a $1,9 billones, lo que equivale al 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI).
Un dato que tensiona la negociación política es que las jurisdicciones más afectadas por la caída de la recaudación son, en buena medida, provincias aliadas o que acompañaron al oficialismo en votaciones clave durante los dos primeros años de gestión de Milei. Pese a ello, en la Casa Rosada descartan por ahora la posibilidad de avanzar con mecanismos de compensación. “Los gobernadores responden a argumentos”, deslizó una alta fuente del Ejecutivo ante este medio, al tiempo que aclaró que la opción de cubrir la pérdida de fondos no forma parte del menú actual.
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Santilli multiplica encuentros con gobernadores: reforma laboral y asistencia en la emergencia
El optimismo oficial convive con el malestar creciente en varias provincias, en particular por los cambios en Ganancias que beneficiarían a grandes empresas mediante la reducción de alícuotas y la ampliación de exenciones, como en el caso de los alquileres destinados a vivienda. En ese contexto, este martes el ministro del Interior, Diego Santilli, visitará Mendoza, donde será recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. El mandatario radical tiene previsto plantear un reclamo concreto vinculado al financiamiento de obras viales y al deterioro de rutas estratégicas, entre ellas la Ruta 40 en los tramos Mendoza–San Juan y Mendoza–Neuquén, además del corredor internacional a Chile (Ruta 7).
El próximo viernes, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión del año de la mesa política, en la que se terminará de definir el texto final de la reforma laboral. Según anticipan en Balcarce 50, no se esperan cambios de fondo en el articulado ya consensuado en el Senado.
De acuerdo con el informe del IARAF, la provincia de Buenos Aires sería la más perjudicada por la reforma en términos absolutos. El distrito gobernado por Axel Kicillof, uno de los principales adversarios políticos del Presidente, dejaría de percibir $238.558 millones en 2027, cuando se presenten las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Se trata de un tributo que se coparticipa de manera automática y diaria, lo que amplifica el impacto fiscal para las administraciones provinciales.
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Por fuera del territorio bonaerense, Santa Fe y Córdoba encabezan el ranking de pérdidas. La provincia gobernada por Maximiliano Pullaro resignaría $97.087 millones, mientras que Córdoba, bajo la gestión de Martín Llaryora, dejaría de recibir $96.459 millones. Ambos distritos mantienen una relación oscilante con la Casa Rosada, aunque acompañaron las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.
Dentro del grupo de provincias con vínculos más estrechos con el Gobierno nacional también aparecen recortes significativos. Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, perdería $51.682 millones; Chaco, bajo la conducción de Leandro Zdero, $54.193 millones; Entre Ríos, a cargo de Rogelio Frigerio y con una relación fluida con la Casa Rosada, $53.042 millones; y Mendoza, gobernada por Cornejo, $45.300 millones.
Un segundo pelotón de provincias damnificadas incluye a Catamarca, liderada por el peronista Raúl Jalil, que acompañó al oficialismo en votaciones clave y dejaría de percibir $29.921 millones; Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, con una pérdida estimada de $41.638 millones; y Misiones, bajo la administración de Hugo Passalacqua, con $35.884 millones menos de recaudación coparticipable.
Mientras el oficialismo acelera el calendario legislativo para sancionar la reforma laboral, el impacto en el Impuesto a las Ganancias se consolida como uno de los principales focos de tensión con las provincias, en un debate que excede lo laboral y reabre la discusión sobre el equilibrio fiscal y el reparto de recursos en el federalismo argentino.