El Concejo Deliberante de Córdoba puso en marcha un proceso de recorte sobre su estructura de contratados, en un escenario marcado por la falta de recursos y la imposibilidad de sostener el esquema vigente. En las próximas horas comenzarán a llegar las notificaciones.
Actualmente, el cuerpo legislativo municipal cuenta con 370 becarios y 170 monotributistas, con ingresos que oscilan entre los 200 mil y el millón y medio de pesos, en su mayoría vinculados a concejales del oficialismo.
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“No hay plata”, sintetizó sin rodeos una alta fuente del Concejo. Los fondos ya no alcanzan para cubrir todas las demandas y el ajuste es inevitable. Los bloques más numerosos serán los más afectados, en una lógica de recorte que busca replicar —en espejo— la política de contención del gasto impulsada por el Ejecutivo municipal.
El antecedente inmediato se remonta a abril del año pasado, cuando en pleno escándalo por los llamados “empleados fantasmas” de la Legislatura provincial, el viceintendente Javier Pretto decidió blanquear el número de personas que cobraban algún tipo de vínculo contractual con el Concejo. Entonces se informó que cerca de 650 personas percibían ingresos por tareas ligadas a la actividad legislativa municipal.
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La publicación del listado no estuvo exenta de polémica. Apellidos repetidos, lazos familiares y relaciones políticas cruzaban tanto al oficialismo como a la oposición. En aquel momento, desde el Ejecutivo municipal se reconocía la existencia de más de 600 contratados, definidos como colaboradores de bajos ingresos que recorrían barrios, asistían a concejales y sostenían la actividad política cotidiana, con el argumento de evitar la figura del “ñoqui”.
Hoy, ese relato choca contra una realidad más áspera. El mismo viceintendente es quien quedó a cargo como el responsable ejecutar el recorte. No se trata —aclaran— de una “motosierra” al estilo libertario, sino de un ajuste quirúrgico obligado por la falta de recursos.