Desde hace más de una década, el mercado laboral argentino muestra un estancamiento persistente. El empleo privado formal no crece de manera sostenida desde 2010 y, cuando lo hace, es de forma moderada y rápidamente reversible. En paralelo, la informalidad se mantiene. Este fenómeno no puede explicarse solo por los vaivenes macroeconómicos. Responde, en gran medida, a un marco laboral rígido y costoso que desalienta la contratación.
El régimen vigente fue diseñado bajo la premisa de proteger el empleo en relación de dependencia existente, pero terminó generando el efecto contrario: menos puestos de trabajo de ese tipo en el sector privado. Para una empresa, especialmente una pyme, incorporar un trabajador implica asumir compromisos que exceden largamente el salario de bolsillo. A las contribuciones patronales se suman regímenes indemnizatorios inciertos, rigideces en la organización del trabajo y costos indirectos que encarecen artificialmente la relación laboral. El resultado es conocido: ante la complejidad de la contratación… no se contrata.
El alto costo laboral no solo afecta la decisión de contratar, sino también la productividad. Cuando las cargas y regulaciones son excesivas, las empresas destinan recursos a cumplir formalidades en lugar de invertir, innovar o expandirse. Ni hablar de los convenios colectivos de trabajo en los que unos cuantos grandes empresarios y sindicalistas pautan las condiciones de trabajo para empresas pequeñas, medianas y grandes. Es algo irracional que lleva a muchas pymes a incumplirlas, con los riesgos que eso significa. Esto explica por qué sectores con potencial de crecimiento terminan operando por debajo de su capacidad o recurriendo a la informalidad. No es un problema de “falta de voluntad empresaria”, sino de incentivos mal alineados. Hay que permitir que las negociaciones laborales de menor nivel primen sobre las de mayor nivel.
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A este cuadro se suma el problema estructural de la litigiosidad laboral. El sistema actual transforma el despido –incluso cuando no hay arbitrariedad– en una contingencia jurídica difícil de prever. La proliferación de juicios laborales, con criterios muchas veces erráticos y costos elevados, introduce un riesgo adicional que desalienta la creación de empleo formal. En la práctica, contratar se percibe como una apuesta de resultado incierto, especialmente en un contexto macroeconómico volátil. La peor parte se la llevan las pymes, que no tienen las “espaldas” para afrontar las sentencias adversas ni la posibilidad de contratar grandes firmas de abogados, como las grandes compañías.
Es por eso sumamente importante corregir estos desincentivos. Lejos de eliminar derechos básicos, se debe modernizar las reglas para que sean compatibles con un mercado de trabajo dinámico. La introducción de sistemas de cese laboral previsibles, la reducción de rigideces en la negociación colectiva, la revisión de privilegios sindicales y la adecuación de normas pensadas para otro contexto productivo constituyen pasos necesarios para reducir la incertidumbre y el costo de contratar.
El desarrollo económico sostenido depende, en última instancia, de un sector privado que invierta y que tenga incentivos para generar empleo. Ningún país ha logrado crecer de manera duradera sin un mercado laboral que funcione como puente entre el capital y el trabajo, y no como una barrera. Para que el empleo privado vuelva a expandirse, es indispensable que contratar deje de ser un riesgo desproporcionado y vuelva a ser una decisión racional.
La discusión de fondo no es ideológica, sino ética y económica. Un mercado laboral estancado porque sobreprotege a los asalariados del sector privado es injusto porque excluye a la mayoría de los trabajadores de tener ese tipo de empleo. Por otro lado, reformar la legislación laboral es una condición necesaria (aunque no suficiente) para recuperar el crecimiento, reducir la informalidad y generar oportunidades reales de progreso
*Jefe de Economía de la Fundación Libertad y Progreso.