La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles profundizar la investigación contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por presuntamente dictar fallos a cambio de coimas, al solicitar nuevas pruebas a la justicia federal en una causa que amplía su comprometida situación.
En la misma reunión, la comisión postergó la definición sobre el juicio político al juez federal de Mar del Plata Alberto López, denunciado por difundir expresiones supuestamente antisemitas en redes sociales.
La decisión sobre López figuraba en el orden del día con un dictamen del senador Luis Juez, sin embargo, el diputado K Rodolfo Tailhade pidió postergar la votación al sostener que aún debía evaluarse si correspondía aplicar la máxima sanción disciplinaria o promover directamente el jury.
El caso se inició a partir de denuncias presentadas por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que acusaron al magistrado de difundir de manera reiterada discursos de odio y expresiones antisemitas, lo que «resulta incompatible con el ejercicio de la función judicial y configura causal de mal desempeño».
Pero el foco principal de la reunión estuvo centrado en la situación del juez Salmain. Por unanimidad, la Comisión resolvió solicitar los antecedentes de una nueva causa en la que se investiga si el magistrado intentó acceder a información confidencial vinculada al allanamiento realizado en su propio juzgado. Esa investigación se suma al expediente principal en el que ya fue procesado con prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción, aunque la medida no se ejecutó debido a la inmunidad de arresto que le otorgan sus fueros como juez federal.
La causa que lo tiene en el centro del escándalo se originó tras la declaración como imputado colaborador del financista rosarino Fernando Whpei, quien reveló que Salmain habría intervenido para favorecer a una empresa mediante una medida cautelar que le permitiera acceder a dólares al tipo de cambio oficial a fines de 2023, cuando regía el cepo cambiario.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el operador Santiago Busaniche actuó como intermediario entre el juez y el financista. Whpei declaró que el magistrado reclamó una coima de aproximadamente 200.000 dólares a cambio de firmar la resolución judicial favorable.
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, impulsó una denuncia en su contra al detectarse que había mentido en su currículum durante el concurso para acceder al cargo de juez federal. El magistrado omitió informar que había sido expulsado previamente del Poder Judicial por ofrecer una coima cuando se desempeñaba como secretario.
En paralelo, la diputada provincial socialista Lionella Cattalini presentó una ampliación de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y reclamó que el organismo avance con urgencia en el juicio político. “Los antecedentes y los nuevos hechos revelan un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de la función judicial”, sostuvo la legisladora, quien advirtió sobre el impacto institucional del caso.
Por ahora, el Consejo optó por profundizar la investigación y reunir más pruebas antes de tomar una decisión final.