El funcionario, designado hace menos de un mes, figura como aspirante en dos procesos para cubrir vacantes en el Ministerio Público Fiscal, mientras continúa ejerciendo como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designado en el cargo hace menos de un mes por el Gobierno, participa desde octubre del año pasado en dos concursos del Ministerio Público Fiscal. Los procesos están destinados a cubrir dos vacantes distintas en fiscalías de los tribunales de Comodoro Py, sede de causas por corrupción de funcionarios públicos.
Uno de los concursos lo coloca como aspirante a fiscal ante los juzgados federales; el otro, para serlo ante la Cámara Federal, órgano que revisa las resoluciones tomadas en etapa de instrucción. Cabe destacar que Mahiques ya ejerce como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de todos los fiscales porteños, cargo al que accedió en licencia sin goce de sueldo para integrar el gabinete nacional.
Fuentes cercanas al ministro relativizaron su participación en los concursos, señalando que se inscribió en octubre, cuando no contemplaba asumir en el Ministerio de Justicia. Indicaron que eventualmente renunciará a los procesos, los cuales no consideran prioritarios en este momento.
Mahiques se anotó en los concursos identificados como 133 y 134. En el primero, el más importante, figura junto a otros 289 concursantes. La fiscalía de Cámara en disputa tiene la facultad de sostener o desistir recursos presentados por fiscales de primera instancia y puede apelar resoluciones ante la Cámara de Casación. En este último tribunal, una de las vocalías es ocupada por Carlos Mahiques, padre del ministro.
En el otro concurso, el ministro figura entre unos 200 aspirantes para cubrir las fiscalías 6 y 7, ambas actualmente vacantes.
Ambos procesos se encuentran en una etapa preliminar. Incluyen un examen escrito, una evaluación oral, análisis de antecedentes y una entrevista personal. Luego se elabora un orden de mérito, se conforma una terna que se eleva al Poder Ejecutivo, y el Presidente elige a un candidato, cuya designación debe ser aprobada por el Senado.