Una causa judicial iniciada hace casi dos décadas investiga operaciones vinculadas a YPF en los años previos a su expropiación. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, aún espera respuestas a exhortos internacionales.
Tras la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó una condena multimillonaria contra Argentina, se reavivó el debate sobre la historia reciente de YPF. Una causa judicial, la 3518/06, investiga desde 2006 una serie de operaciones financieras y denuncias de vaciamiento vinculadas a la petrolera en el período previo a su expropiación en 2012.
La causa se originó en una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió, ampliada luego por una presentación del fiscal Carlos Stornelli. El expediente analiza la venta de parte de las acciones de YPF por parte de Repsol a las empresas del grupo Petersen entre 2008 y 2011, operaciones financiadas en gran medida con préstamos bancarios. La investigación también aborda las denuncias sobre el pago de dividendos extraordinarios y una supuesta caída en los niveles de inversión de la compañía en ese período, lo que habría contribuido, según los planteos, a un contexto de desabastecimiento energético.
El juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, ha señalado en sus resoluciones que el avance de la investigación se encuentra a la espera de respuestas a exhortos (pedidos de colaboración judicial) enviados al exterior. Hasta el momento, no se han citado a declarar a varios de los actores mencionados en la causa. El expediente judicial permanece abierto.
Este caso se enmarca en un período complejo para el sector energético argentino, que incluyó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012 y la posterior búsqueda de inversiones para el desarrollo de recursos no convencionales, como Vaca Muerta. La reciente resolución de la justicia estadounidense cierra un capítulo separado, referido a la demanda de los accionistas minoritarios, mientras que la causa local continúa su curso.