Con el acuerdo Mercosur-UE próximo a regir, las empresas necesitan demostrar prácticas responsables. La certificación de Empresa B se consolida como una herramienta para acceder a mercados exigentes, combinando rentabilidad con impacto social y ambiental.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzará a regir de forma provisoria desde el 1° de mayo, exigirá a las empresas exportadoras, en especial a las pymes, demostrar prácticas responsables con la sociedad y el medio ambiente. En este contexto, certificaciones como la de «Empresa B» se presentan como un factor clave para ingresar a mercados con estándares cada vez más altos.
Este modelo de negocio asocia el beneficio económico al cuidado ambiental y social. A nivel global, existen más de 10.300 compañías que operan bajo este paradigma. En Argentina, 278 firmas han recibido la certificación «B» (Benefit Corporation).
«Las empresas deben definir un propósito (el para qué existen); modificar sus estatutos para comprometer a sus accionistas a tomar decisiones teniendo en cuenta las variables socio-ambientales; y medir y gestionar su impacto (el cómo lo hacen)», explicó Cecilia Peluso, directora de Sistema B Argentina. La evaluación analiza cinco áreas: gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y ambiente, para identificar oportunidades de mejora.
«Más allá de avalar el impacto positivo en las dimensiones económica, social y ambiental, genera confianza en los consumidores y allana el camino a la hora de exportar», aseguró Peluso.
Casos de éxito en Argentina
Hilandería Warmi (Jujuy): Produce tejidos a partir de fibras naturales de llama en Abra Pampa. Fue una de las primeras en certificarse como Empresa B en el país. Ocupa a 30 personas en forma directa y a más de 600 pequeños productores de comunidades cercanas. «Exportamos parte de la producción a Europa y Estados Unidos, donde existe una fuerte valoración por los textiles naturales, la trazabilidad y los modelos productivos con impacto social», comentó Gastón Arostegui, director ejecutivo.
Pura Frutta (Río Negro): Elabora jugos naturales aprovechando frutas que no tienen salida comercial por razones estéticas. «Nuestro modelo de negocios nos permite reducir el desperdicio y pagar mejor al productor», señaló Martín Carro, uno de sus fundadores. Para la empresa, la certificación fue «una guía para hacer las cosas bien: cuestionarnos y medir cómo impactamos».
Mantarano (Santiago del Estero): Fábrica de tapices y alfombras que emplea a 130 personas, en su mayoría mujeres. Exporta el 30% de su producción a Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay e Italia. Obtuvo la certificación B en 2021. «Lo hicimos para profesionalizar los procesos. Y esto también mejoró nuestra proyección en el mercado internacional, donde el sello B es valorado porque garantiza transparencia y trazabilidad», afirmó su fundadora, Carolina Pavetto.
Pavetto también señaló que, a nivel local, sería beneficioso contar con políticas que distingan a estas empresas, aunque diversos proyectos de Ley de Empresas BIC (Beneficio e Interés Corporativo) presentados en el Congreso en la última década han perdido estado parlamentario.