La reciente actuación de Estados Unidos en Venezuela reaviva la discusión sobre la legalidad y ética de las acciones fuera del marco multilateral para enfrentar regímenes dictatoriales.
En una columna de opinión publicada meses atrás, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti se refería al caso venezolano, sugiriendo que la existencia de jurisdicciones universales para delitos contra los derechos humanos podría complicar las salidas pacíficas a crisis políticas. Semanas después, el gobierno de Donald Trump trasladaba la situación de Nicolás Maduro a las cortes de Nueva York.
El artículo de Sanguinetti, titulado «También algunas verdades molestas», puso sobre la mesa un debate de compleja interpretación ética y legal. Este se centra en cómo deben actuar los países frente a regímenes considerados dictatoriales que, según sus críticos, vulneran derechos humanos y amenazan la estabilidad.
Las preguntas centrales giran en torno a si es aceptable ejercer presiones militares o comerciales fuera de los mandatos de organismos internacionales, ofrecer beneficios excepcionales a los líderes para facilitar su salida, o incluso capturarlos. La alternativa es atenerse siempre a las normas del derecho nacional e internacional, sin importar las posibles consecuencias de prolongar el conflicto.
El gobierno de Estados Unidos, en los casos de Venezuela e Irán, ha optado por acciones unilaterales, sin seguir los procedimientos y consensos de los tratados internacionales vigentes. Si bien existe un deseo extendido de ver caer regímenes autoritarios, estas acciones han generado un llamado global a respetar el derecho internacional.
A lo largo de la historia, quienes han avalado acciones fuera de la norma han esgrimido justificaciones prácticas y éticas, argumentando que se elige un mal menor (un debilitamiento momentáneo de la legalidad) para un bien mayor (restaurar la democracia y los derechos). En otros casos, las motivaciones han estado ligadas al posicionamiento geopolítico o al control de recursos.
Sin embargo, los beneficios a corto plazo de este pragmatismo pueden esconder consecuencias graves a futuro. Esto aplica tanto a las soluciones militares directas como a las propuestas transicionales que ignoren el orden jurídico internacional. El riesgo es la normalización de la acción unilateral, como lo sugieren las amenazas recientes sobre otros países, lo que podría llevar a justificaciones «a medida» por parte de diversos actores globales.
Esta reivindicación del derecho internacional no busca justificar regímenes tiránicos, sino subrayar la importancia de los cimientos legales multilaterales para una paz duradera y estable.