La Cámara baja podría aprobar antes de fin de mes el tratado internacional que unifica el registro de patentes, un compromiso asumido en el acuerdo comercial con Estados Unidos. El proyecto genera posiciones encontradas sobre su impacto en la innovación y el acceso a medicamentos.
El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará aprobar, antes de fin de mes, la ley que contiene el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés). Esta iniciativa forma parte de los compromisos que asumió Argentina al firmar, en febrero pasado, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Estados Unidos.
La aprobación del PCT implicaría un cambio estructural en el sistema de patentes, ya que una vez registrada una patente en un país miembro, esta tendría validez automática durante 20 años en las 158 naciones firmantes. El tratado abarca todo tipo de patentes, aunque se prevé un impacto significativo en la industria farmacéutica.
Este martes se espera un debate en las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. Por un lado, sectores opositores como el kirchnerismo y la izquierda argumentan que la medida favorecería los intereses de laboratorios y corporaciones internacionales, afectando el bolsillo de los argentinos. Por otro lado, el oficialismo y sus aliados sostienen que el régimen actual desfavorece a los innovadores locales y que es necesario adecuar el país a los estándares internacionales de propiedad intelectual.
«Adherir al PCT es un gesto de seriedad hacia cualquier inversor que quiera apostar a la innovación argentina», afirmó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien destacó que actualmente un emprendedor debe registrar patentes a través de otros países, con costos adicionales en tiempo y burocracia.
El Senado le dio media sanción al tratado en julio de 1998, por lo que solo resta la aprobación de Diputados. La sesión para su tratamiento podría realizarse el próximo miércoles 22.
La adhesión al PCT coronaría una serie de medidas adoptadas por el gobierno en materia de propiedad intelectual, como la derogación el mes pasado de resoluciones que establecían criterios restrictivos para patentar invenciones químico-farmacéuticas. En esa derogación, el Gobierno estableció un mecanismo de protección para los productos que ya circulan en el mercado, permitiendo su comercialización sin pagar las respectivas patentes.