La administración nacional enfrenta un plazo perentorio para transferir fondos a las casas de estudio, tras una orden judicial que obliga a cumplir con una cautelar por financiamiento.
El Gobierno nacional tiene hasta las 9:30 de este jueves para realizar una transferencia de 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales, según lo ordenado por la justicia. El pago responde a una medida cautelar que el Ejecutivo debe acatar, luego de que perdiera en distintas instancias judiciales un conflicto por el financiamiento del sector.
La obligación de pagar surge de una ley sancionada por el Congreso el año pasado, que el Presidente Javier Milei había vetado, pero cuyo veto fue posteriormente levantado por el Parlamento. La norma establece la actualización de partidas para el sistema universitario. Ante la falta de pago, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó acciones legales que derivaron en esta orden judicial con plazo perentorio.
Desde la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, se busca la forma de dosificar el desembolso para no afectar la meta fiscal de superávit. La administración nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, aunque fuentes oficiales consideran baja la probabilidad de que el máximo tribunal acepte revisar el caso y suspenda el pago.
El conflicto judicial se centró en la discusión sobre el «efecto suspensivo» de una apelación. Mientras el Gobierno argumentó que su recurso frenaba la transferencia, los rectores sostuvieron que, sin una orden expresa en contrario, el pago era obligatorio. La justicia falló a favor de esta última postura.
Según informes del ámbito académico, los salarios del personal universitario acumulan una pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, y las transferencias a las universidades registraron una caída real en los últimos tiempos. La cautelar judicial exige la actualización de becas y salarios, con vistas a una recomposición hasta la sanción de una ley definitiva en 2025.
En el plano político, la derrota legislativa del año pasado y el posterior camino judicial han llevado al Gobierno a este escenario de cumplimiento obligatorio. La posibilidad de abrir paritarias de emergencia se perfila como una alternativa para manejar la situación a futuro.