La denominada Banca 73, un espacio de asesoría del bloque de la UCR, evalúa el proyecto ómnibus enviado por el Ejecutivo. Se identifican puntos de acuerdo y desacuerdo, con especial foco en las leyes de tierras y de villas.
El proyecto de ley conocido como «Ley Hojarasca», enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, se encuentra bajo análisis en el Senado. Un espacio clave en esta evaluación es la denominada «Banca 73», una oficina de asesoría creada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y confiada al exsenador Víctor Zimmermann.
Esta oficina está elaborando un informe que clasifica los puntos del proyecto con un sistema de «semáforo»: verde para los artículos que podrían aprobarse sin discusión, rojo para los que encontrarían rechazo y amarillo para aquellos sujetos a negociación. El objetivo es dictaminar antes de fin de mes.
Dos de las normas que requieren modificaciones sustanciales, según el análisis, son la Ley de Tierras y la Ley de Villas. Respecto a la primera, el proyecto oficial busca desregular la compra de tierras en zonas de frontera por parte de extranjeros. Desde la oposición se proponen restricciones, como prohibir la compra por parte de estados extranjeros, imponer límites a las actividades y condicionar las ventas a programas de productividad. Sectores de las Fuerzas Armadas también plantean reservar ciertas zonas por razones de defensa nacional.
En cuanto a la Ley de Villas, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, el proyecto oficial traslada funciones a municipios y provincias. La propuesta de modificación incluye agregar precisiones sobre el origen de los fondos para las obras de urbanización, especialmente tras la eliminación del fondo específico creado por la ley original.
Durante las discusiones en comisiones, también se advirtió sobre la necesidad de realizar correcciones para evitar futuras judicializaciones del proyecto. Se señaló, por ejemplo, que la derogación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) podría plantear conflictos con garantías constitucionales e internacionales.
La senadora Patricia Bullrich, coordinadora del bloque oficialista en la Cámara Alta, participa de las negociaciones. Su rol facilita el diálogo tanto dentro de su espacio político como con los sectores opositores, gestionando los cambios que se consideren necesarios para la aprobación del proyecto.