La administración nacional enfrenta desafíos en áreas clave como el transporte y la salud pública, mientras se evidencian divergencias internas dentro de la coalición oficialista.
La estrategia de descentralización y ajuste fiscal implementada por el Gobierno nacional en sus primeros dos años, que permitió alcanzar un superávit en las cuentas públicas, comienza a mostrar efectos complejos en la percepción social. Distintos sectores de la sociedad expresan malestar ante la situación económica, reconocida por el propio Presidente al referirse a «los últimos meses duros».
En las últimas semanas, la discusión sobre el rol del Estado en la provisión de servicios básicos se ha intensificado. Las demoras y largas filas en el transporte público, particularmente en el AMBA, han puesto el foco no solo en la negociación con las empresas del sector, históricamente subsidiadas, sino también en la dificultad para implementar mecanismos de ayuda directa a los usuarios. Paralelamente, el PAMI, la mayor obra social del país con alrededor de 5 millones de afiliados, atraviesa una crisis operativa. Tras reclamos por recortes salariales a médicos de cabecera, faltante de medicamentos y demoras en pagos a prestadores, las autoridades liberaron fondos. El ministro de Salud, Mario Lugones, señaló que parte de la complejidad radica en el envejecimiento de la población afiliada. El debate sobre la sustentabilidad financiera del sistema y la calidad del servicio para los adultos mayores permanece abierto.
En otro plano, se han hecho visibles tensiones internas dentro del espacio oficialista, La Libertad Avanza. Un cruce en redes sociales entre facciones identificadas con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el asesor Santiago Caputo, puso de manifiesto disputas por influencia y lealtades. El detonante fue la imputación de tuiteros afines a «Las Fuerzas del Cielo» por difundir datos personales de un referente del sector karinista. Por primera vez, algunas críticas apuntaron directamente a Karina Milei, acusándola de incorporar figuras de la política tradicional al gabinete.
Finalmente, en el ámbito educativo, el Gobierno recurrió a la Corte Suprema para no transferir fondos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que ello afectaría el superávit fiscal. La ley había sido aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente y ratificada nuevamente por ambas cámaras.