El gobierno provincial anunció que las familias de los responsables de amenazas en escuelas deberán pagar el costo de los procedimientos de seguridad, que ronda entre 5 y 6 millones de pesos por cada uno.
El gobierno de Santa Fe anunció que los padres de los alumnos que realicen amenazas de ataques armados en escuelas deberán hacerse cargo del costo de los operativos policiales que se activen, estimado entre 5 y 6 millones de pesos por cada procedimiento. La medida fue dada a conocer por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien remarcó que estas acciones «no son una broma sino un delito».
La semana pasada se registró un pico de casos, con 65 denuncias el viernes, la mayoría por carteles dejados en baños de establecimientos educativos. Ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen de manera coordinada con la Fiscalía, realizando aprehensiones, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos para identificar a los responsables. Cococcioni confirmó que ya hay «varios detenidos a disposición de la justicia».
El ministro explicó que muchos casos no se difunden en detalle porque la mayoría de los involucrados son menores de edad, lo que exige resguardar las investigaciones dentro del marco del fuero penal juvenil. Sin embargo, subrayó que las actuaciones avanzan porque «el Estado toma estos hechos con la mayor seriedad».
El costo de cada operativo incluye la movilización de policías, bomberos, dispositivos de emergencia y horas extra de personal para garantizar la seguridad. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) utiliza herramientas tecnológicas como análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP para agilizar las investigaciones.
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, destacó que «las amenazas son delito y traen consecuencias» y anunció que se potenciarán los programas de educación digital y las rondas de convivencia. La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, instó a la comunidad educativa a seguir abordando el tema, recordando que se trata de un delito de intimidación pública con consecuencias penales.