La senadora Patricia Bullrich expuso ante comisiones del Senado los fundamentos de la iniciativa que busca blanquear armas no registradas y extender el programa de entrega voluntaria. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados.
Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, defendió el proyecto de regularización de tenencia de armas de fuego que el oficialismo busca convertir en ley. «Más armas registradas significa más control y seguridad», afirmó la ex ministra de Seguridad ante el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior.
La iniciativa, enviada por el presidente Javier Milei en mayo de 2024 y que ya cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de ese año, combina un mecanismo de blanqueo de armas civiles no registradas con la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones hasta el 31 de diciembre de 2027. Quienes posean armamento no registrado deberán presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) dentro de un plazo de 360 días desde la entrada en vigencia de la ley, y el trámite podrá realizarse de forma virtual.
Durante su exposición, Bullrich reivindicó el proyecto como una herramienta de control estatal y no de flexibilización. «Estamos convencidos de que estas herramientas le dan al Estado nacional y a las provincias un sistema claro, transparente y útil para el control de armas», sostuvo. En esa línea, remarcó que «cuando un arma está completamente fuera del sistema, se convierte en un riesgo para la sociedad. Si está registrada, el Estado tiene herramientas concretas para controlarla».
La jefa del bloque oficialista también apuntó contra la burocracia como causa del problema. «Esta ley es un claro ejemplo de cómo la burocracia alejó al ciudadano de la ley, particularmente al legítimo usuario», señaló, al referirse a personas que «por obstáculos del sistema, terminaban quedando fuera de la ley sin haber cometido una conducta ilícita».
Un punto central del debate fue la trazabilidad. El proyecto establece una exención de sanción penal para quienes se presenten voluntariamente a regularizar armas en situación irregular, siempre que no exista imputación judicial previa. «El principio es claro, el arma registrada es el arma trazable», sintetizó Bullrich.
En la reunión también expuso Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (ReNAR), quien destacó que la adopción de un sistema de notificación digital de vencimientos de credenciales genera un ahorro de $1.000 millones a la Administración Pública. Allan también mencionó la incorporación del concepto de «Cédula Azul» a través de la plataforma Mi Argentina para la cesión y venta de armas registradas.
Bullrich reclamó además la adhesión provincial al esquema de coordinación federal, y expuso a Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa por no sumarse a los convenios de reempadronamiento. En un contexto marcado por las amenazas de tiroteos en escuelas, sostuvo que «este sistema aporta herramientas de prevención y protección para las familias».
Sobre la duración del régimen, la senadora explicó que «es un proceso que requiere continuidad. Quizás incluso hubiera sido deseable un plazo más largo, porque esta tarea de regularización debería tener un carácter permanente».
El dictamen pasó a la firma con el aval de La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas, el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) e Independencia (Tucumán). Desde el gobierno se busca que se apruebe en el corto plazo, ya que si no se logra, el expediente podría caducar, lo que obligaría a reiniciar todo el proceso legislativo.