El Ejecutivo salió a defender a Andrés Vázquez, jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, luego de que un fiscal solicitara su citación a indagatoria por no declarar tres inmuebles en Estados Unidos valuados en más de 2,1 millones de dólares.
El gobierno de Javier Milei respaldó a Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), tras conocerse el pedido de indagatoria de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por haber omitido declarar ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante el propio organismo que conduce que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades en Estados Unidos, cuyo valor supera los 2,1 millones de dólares.
Desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo aseguraron a LA NACION que “Vázquez ya fue sobreseído en esa causa. No hay nada nuevo”. Según esa fuente, la denuncia presentada por los diputados de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se refiere “al mismo tema por el que ya fue sobreseído”, por lo que relativizaron el pedido del titular de la PIA, Sergio Rodríguez.
“Esa denuncia no tramita en la PIA. Tramita en el juzgado de (Marcelo) Martínez de Giorgi, que no tomó ninguna medida ni lo llamó a indagatoria a Vázquez. Es un pedido de la PIA que el juzgado puede desestimar”, agregaron desde el Gobierno en su defensa.
El juez federal Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa de la criptomoneda $LIBRA, que preocupa a la Casa Rosada. Su esposa, Ana María Cristina Juan, integrará una próxima lista enviada por el Poder Ejecutivo al Senado para cubrir más de 300 vacantes judiciales acumuladas desde el último año de gestión de Alberto Fernández.
El propio Santiago Caputo cuestionó ayer la nota de LA NACION que informó sobre el pedido de la PIA. “Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria ‘confundiendo’ un pedido de citación de un organismo donde no tramita la denuncia con una citación efectiva del juzgado”, escribió Caputo en su cuenta de la red social X.
En su pedido, el fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, figura que prevé hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial, por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”, sostuvo el titular de la PIA.
Desde ARCA afirmaron a este medio que no tenían comentarios sobre estas novedades judiciales.
El Gobierno, en tanto, aduce que Vázquez fue sobreseído por el mismo delito de omisión. Desde el oficialismo remiten a una causa iniciada en 2007, cuando la Justicia accedió a un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Allí figuraba el nombre de Vázquez —que era director de la AFIP— junto con el de su hermana Silvia, y comenzaron a ser investigados por la presunta existencia de dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo.
El juez Sergio Torres sobreseyó a Vázquez luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación. La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que aún existían medidas de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no por haberse comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo a responder los exhortos argentinos.
Anoche, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo despidió al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante la ARCA.