El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementará desde el 29 de mayo un nuevo esquema para trámites de asilo, que incluye el pago obligatorio de una tarifa anual y la cancelación automática de la solicitud en caso de incumplimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha un esquema actualizado para los trámites de asilo que introduce pagos obligatorios y medidas automáticas ante incumplimientos. La disposición se apoya en la Ley de Reconciliación H.R.1 aprobada en 2025 y estará operativa desde el 29 de mayo.
La normativa establece que toda persona con una solicitud de asilo en trámite deberá abonar una tarifa anual mientras su caso permanezca abierto. El pago será exigido por cada año calendario en el que el expediente continúe en proceso. “Si un extranjero no paga en los 30 días posteriores a la notificación, el Uscis rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si el extranjero no tiene estatus legal en EE.UU., la agencia además iniciará procedimientos de remoción contra el extranjero”, indicó el DHS en un comunicado oficial.
El procedimiento de deportación se activa una vez que el trámite de asilo queda sin efecto por falta de pago. Otra consecuencia directa es la cancelación de beneficios laborales. En este ámbito, las solicitudes pendientes de autorización de empleo serán denegadas, mientras que los permisos ya otorgados perderán vigencia de forma inmediata.
De acuerdo con la norma final provisional del DHS, el sistema también prevé la interrupción del cómputo del tiempo requerido para solicitar por primera vez un permiso de trabajo basado en el asilo. Este conteo, conocido como “reloj de asilo”, se detendrá en caso de incumplimiento. Esto implica que los solicitantes deberán reiniciar o prolongar el período necesario para acceder a ese beneficio, lo que afecta directamente su situación laboral mientras el caso permanece abierto.
Las autoridades del DHS confirmaron que estas medidas serán aplicadas sin necesidad de evaluaciones adicionales, una vez vencido el plazo de pago indicado en la notificación. De acuerdo con lo que presenta el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) en su sitio web, el monto inicial de la tarifa anual fue fijado en US$100 durante el año pasado. Sin embargo, la legislación contempla ajustes periódicos según inflación, por lo que el valor fue actualizado a US$102 para el año fiscal 2026.
El pago debe realizarse exclusivamente de forma electrónica mediante el sistema habilitado por la agencia migratoria. No se aceptarán otros métodos. La normativa establece que estas tarifas no podrán ser eximidas ni reducidas. La única excepción vigente responde a una orden judicial que beneficia a ciertos integrantes de familias separadas en la frontera.
Otro de los cambios relevantes afecta al formulario I-589, utilizado para solicitar asilo. A partir de la nueva regulación, el monto abonado por su presentación no será devuelto si el trámite es rechazado por errores o información incompleta. Aunque anteriormente el dinero podía ser reintegrado en esos casos, con la actualización, la agencia retendrá el pago independientemente del motivo del rechazo.
La normativa también incluye modificaciones en otros formularios. Por ejemplo, se fija una tarifa mínima de US$24 para el formulario I-102, utilizado para solicitar documentos de entrada y salida. En paralelo, se introducen cambios para quienes cuentan con Estatus de Protección Temporal. La duración de los permisos de trabajo asociados a este programa quedará limitada a un máximo de un año o al tiempo restante de la designación del país de origen.