Una nueva ley en Florida, la SB 1070 o ‘Second Chance Act’, establece que desde el ciclo lectivo 2026-2027 todos los estudiantes de secundaria que quieran participar en deportes escolares deberán presentar al menos un electrocardiograma, como parte de un refuerzo en la detección temprana de afecciones cardíacas.
Florida se encamina a modificar de manera sustancial las condiciones de participación en el deporte escolar con la entrada en vigor de una nueva legislación que introduce controles médicos más estrictos. La medida, aprobada en 2025, apunta a reforzar la detección temprana de afecciones cardíacas en jóvenes atletas. El cambio comenzará a impactar de lleno a partir del ciclo lectivo 2026-2027.
De acuerdo con el texto oficial de la ley SB 1070, denominada “Second Chance Act”, a partir del año escolar 2026-2027 todos los estudiantes de secundaria que participen por primera vez en competencias deportivas interescolares deberán someterse al menos a un electrocardiograma. Esta exigencia alcanza a alumnos de 9º a 12º grado que integren equipos o aspiren a hacerlo.
La normativa establece que este estudio cardíaco no reemplaza otros requisitos médicos, sino que se suma a la evaluación física anual obligatoria que ya regía previamente. En ese sentido, los estudiantes deberán cumplir con ambos controles antes de poder entrenar, competir o incluso participar en pruebas o prácticas relacionadas con equipos escolares. Además, se aclara que los electrocardiogramas realizados hasta dos años antes del inicio del ciclo 2026-2027 podrán ser considerados válidos para cumplir con la nueva exigencia, lo que otorga cierto margen de adaptación para familias y escuelas.
El texto legislativo aprobado por la Legislatura de Florida detalla que tanto las evaluaciones médicas como los electrocardiogramas deberán realizarse bajo estándares específicos. Estos criterios serán definidos por el Comité Asesor de Medicina Deportiva de la Florida High School Athletic Association (Fhsaa), organismo encargado de regular el deporte escolar en el estado. Asimismo, la ley indica que los controles deben ser realizados por profesionales habilitados, entre los que se incluyen médicos con licencia en distintas especialidades o incluso profesionales de otros estados, siempre que cuenten con acreditación vigente y estén en regla con sus respectivas autoridades regulatorias.
En cuanto al contenido de la evaluación, se establece la utilización de un formulario uniforme que deberá incluir: historial médico del estudiante, examen físico completo y resultados del electrocardiograma. Este documento también deberá contemplar posibles derivaciones a otros especialistas en caso de que alguna parte del examen no pueda completarse en una sola instancia.
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la restricción directa para estudiantes que presenten resultados anormales en el electrocardiograma. Según el texto, estos alumnos no podrán participar en entrenamientos, pruebas ni competencias hasta tanto presenten una autorización médica por escrito que los habilite. Esta autorización deberá ser emitida por un profesional capacitado específicamente en la interpretación y manejo de electrocardiogramas. El objetivo de esta disposición es reducir el riesgo de eventos cardíacos durante la actividad física, especialmente aquellos que podrían pasar desapercibidos sin estudios más profundos.
A pesar de su carácter obligatorio, la ley prevé una serie de excepciones que permitirán a ciertos estudiantes evitar el electrocardiograma o incluso la evaluación médica general. Estas situaciones incluyen: alumnos que presenten una objeción religiosa documentada, estudiantes que participen únicamente en actividades no competitivas, y aquellos que demuestren que el costo del electrocardiograma representa una carga económica excesiva. En este último caso, la legislación establece que los distritos deben intentar establecer acuerdos con entidades públicas o privadas para ofrecer estos estudios a un valor inferior a 50 dólares por estudiante. Si no logran garantizar ese costo, los alumnos quedarán exentos del requisito.