Un joven fue detenido por eliminar de forma remota mensajes y archivos de un teléfono incautado en una causa de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. La Fiscalía investiga posibles vínculos con funcionarios públicos.
La Justicia rosarina investiga el borrado de varios mensajes de un celular que estaba incautado y vinculado con un caso de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Según informaron, fueron eliminados varios mensajes de WhatsApp que tenían que ver con una investigación judicial, y tras dar con el responsable quedó detenido bajo prisión preventiva por un espacio de 30 días. Ahora, la investigación apunta a si el responsable de dichos mensajes borrados pudiera tener algún vínculo con funcionarios públicos.
“Los borró de manera remota. Eliminó conversaciones y también archivos que estaban dentro del teléfono que había sido secuestrado por orden judicial”, contaron desde la fiscalía rosarina. Pablo Socca es el fiscal que se encuentra al frente de la causa, e imputó al responsable por los delitos de “violación de sellos y documentos, por sustracción e inutilización de objetos custodiados, en calidad de coautor”. Su madre también estaría implicada en el fraude informático.
La audiencia en que se imputó al joven estuvo a cargo del juez Lisandro Artacho, quien dio por formalizada la acusación y dispuso 30 días de prisión preventiva efectiva para el principal implicado, Sergio L. El celular adulterado formaba parte de una investigación de una “falsa denuncia” realizada por la madre del ahora imputado, Norma A., con respecto a una denuncia realizada por la mujer sobre una balacera que se había registrado en mayo del año pasado, en su domicilio.
A medida que avanzó la investigación, el fiscal determinó que la supuesta víctima había prestado declaración con el fin de “instalar hipótesis ficticias y fraudulentas e introducir información falsa e incriminatoria sobre diferentes autoridades policiales por razones desconocidas”. La mujer resultó detenida por “falso testimonio”, según confirmó el diario La Capital. El Ministerio Público de la Acusación remarcó que hubo eliminación de evidencia digital contenida en el Motorola Edge 30 que había sido secuestrado por Asuntos Internos de la Policía.
Para entender por qué el celular era importante hay que remontarse a mayo del año pasado, luego de que la mujer recuperara la libertad por una causa en la que estaba implicada por “falso testimonio”. Socca recordó que el dispositivo de la mujer había quedado en poder de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe cuando Norma A. fue liberada tras quedar imputada por falso testimonio. Y el celular contenía conversaciones que podrían aclarar el confuso caso.
Fuentes judiciales confirmaron que la mujer, tras salir de la sede de Asuntos Internos, fue directamente a una sucursal de la empresa Personal aduciendo que había perdido su teléfono. Buscaba tener una nueva tarjeta SIM manteniendo la misma línea. Según figura en la causa, Norma A. se encontró con su hijo en la zona sur de Rosario, quien trabaja en la reparación de celulares y tiene conocimientos informáticos y le pidió que acceda a sus conversaciones de WhatsApp desde la nueva SIM. A partir de ese momento, siempre según la investigación, comenzaron a eliminar de manera remota chats, imágenes y archivos seleccionados del teléfono que estaba bajo custodia judicial. Y entre lo borrado habría conversaciones con terceros y también con funcionarios públicos que aún no fueron identificados. Para la Fiscalía, la maniobra tuvo como objetivo alterar y destruir evidencia digital que podía ser utilizada dentro de la investigación en curso.