Un grupo de legisladores demócratas visitó el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, y renovó el reclamo para cerrar la instalación, denunciando condiciones inhumanas y un alto costo operativo.
Un grupo de legisladores demócratas volvió a poner el foco sobre las condiciones de detención de familias migrantes en Estados Unidos tras una visita al centro de procesamiento de inmigración en Dilley, Texas. La recorrida, encabezada por la congresista Adelita Grijalva, dejó al descubierto testimonios y renovó el reclamo para cerrar la instalación.
De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la oficina de la representante Adelita Grijalva, la legisladora recorrió el martes 5 de mayo el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley junto al congresista Joaquín Castro y otros demócratas de la Cámara de Representantes. Tras inspeccionar las instalaciones, participaron en una conferencia de prensa junto a organizaciones como FWD y Families Belong Together, donde exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la liberación de las familias retenidas en ese lugar.
Durante la visita, Grijalva mantuvo conversaciones directas con varias familias detenidas. Entre los casos mencionados, se encuentra el de Mayra, una mujer detenida en Corpus Christi luego de presentarse ante la justicia junto a su hijo de 13 años. Según el comunicado, la madre no pudo obtener información actualizada sobre su bebé, quien permanece en terapia intensiva. También Grijalva dialogó con Gabriel, quien cruzó la frontera por Nogales, Arizona, junto a su hijo de 16 años en busca de asilo, y con José y su hijo Ezequiel, un menor con un soplo cardíaco.
En el mismo comunicado, Grijalva describió cuestiones que, según su evaluación, se repiten en distintos centros de detención migratoria del país. “Desde Arizona hasta Texas, estamos viendo el mismo patrón: trato inhumano, negligencia y un desprecio total por la dignidad humana básica dentro de centros de detención privados”, afirmó. En esa línea, remarcó que “las familias no pertenecen a centros de detención” y subrayó que la presencia de niños en estas instalaciones resulta “inadmisible”.
La legisladora también apuntó contra la empresa CoreCivic, encargada de operar el centro de Dilley, al señalar que recibe aproximadamente 15 millones de dólares mensuales por su funcionamiento. “Esto no es solo inhumano, es inmoral, y debe terminar”, sostuvo en su declaración oficial.
Según explicó la propia Grijalva en un video difundido en su cuenta de Instagram tras la visita, el centro de Dilley tiene una particularidad que lo distingue del resto de las instalaciones migratorias del país: es el único que aloja a familias completas. Esta característica fue uno de los motivos principales de su presencia en Texas. En ese mismo registro audiovisual, la congresista detalló que el establecimiento tiene capacidad para albergar a 2400 personas, aunque actualmente mantiene a unas 400 detenidas. A pesar de esa ocupación reducida, indicó que el gobierno federal aún destina alrededor de US$15 millones mensuales para su funcionamiento. La legisladora sugirió que ese dinero podría destinarse a programas sociales, como la educación inicial o la cobertura sanitaria. Incluso, planteó que, si se consideran múltiples centros similares en todo el país, el gasto total podría reorientarse hacia políticas públicas de mayor impacto social.