Un análisis sobre la propuesta de un acuerdo económico previo como base para el cambio institucional, y por qué la Constitución debería ser el pilar de cualquier programa político.
En los últimos días, el presidente del CIPPEC, Luciano Laspina, planteó en la cena anual de la entidad la necesidad de un acuerdo político básico y duradero, que incluya el respeto a los contratos, el equilibrio fiscal y la eliminación del financiamiento monetario al fisco. Según Laspina, este compromiso sería «pre-ideológico» y serviría tanto al oficialismo como a la oposición. Sin embargo, esta visión ha generado críticas desde distintos sectores.
Para algunos analistas, un acuerdo de este tipo no es pre-ideológico, sino que tiene una fuerte carga ideológica. Señalan que, si bien nadie discute la importancia de tener una economía ordenada, los métodos para lograrlo pueden ser objeto de debate. En particular, se cuestiona que el equilibrio fiscal se haya logrado mediante medidas como la falta de pagos a jubilados, universidades y personas con discapacidad, lo que para muchos constituye un incumplimiento legal.
Además, se recuerda que en el pasado se han planteado otros «acuerdos fundacionales» similares, como la prioridad de la seguridad o la probidad de los funcionarios públicos. Frente a estas propuestas, surge una alternativa que no depende de la voluntad política, sino de obligaciones ya existentes: los derechos constitucionales. La Constitución argentina establece garantías sociales y económicas que deben ser respetadas, y no pueden quedar supeditadas a un acuerdo fiscal previo. Cualquier programa económico o de seguridad solo es válido si se somete a lo que dicta la Carta Magna.