El técnico santacruceño, con larga trayectoria en energía y minería, quedó en el centro de la polémica tras ser mencionado por la jueza Sandra Arroyo Salgado en el marco de la investigación por la muerte de Alberto Nisman.
Durante años, Pablo Gordillo Arriagada fue una figura casi invisible para la política nacional. No aparecía en televisión, no encabezaba actos y rara vez daba entrevistas fuera de Santa Cruz. Sin embargo, dentro del ecosistema patagónico su nombre circulaba desde hace tiempo alrededor de uno de los territorios más sensibles del poder argentino: energía, minería, sindicatos y empresas estatales.
Todo cambió cuando Sandra Arroyo Salgado lo mencionó indirectamente en una exposición pública vinculada a la investigación por la muerte de Alberto Nisman. A partir de ese momento, el técnico santacruceño que había atravesado gobiernos kirchneristas, peronistas y libertarios sin sobresaltos quedó bajo una nueva luz: la de los servicios de inteligencia, las operaciones políticas y las sospechas que sobrevuelan desde hace más de una década el caso Nisman.
Nacido en Caleta Olivia en 1976, Gordillo Arriagada construyó su carrera dentro de la estructura estatal santacruceña. Licenciado en Ciencias Políticas y especializado en energía e hidrocarburos, ocupó distintos cargos técnicos: Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia, Servicios Públicos Sociedad del Estado, Instituto de Energía de Santa Cruz, áreas vinculadas a minería y planificación energética, hasta desembarcar finalmente en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Pero detrás del perfil técnico siempre hubo militancia política. Sus primeros movimientos importantes ocurrieron durante la gestión de Daniel Peralta, dentro del peronismo provincial tradicional. Allí empezó a construir vínculos con dirigentes territoriales, sindicales y cuadros administrativos ligados al manejo de servicios públicos y recursos energéticos. Más tarde logró mantenerse dentro de estructuras cercanas al gobierno de Alicia Kirchner, especialmente en áreas técnicas sensibles. Esa continuidad lo convirtió en un caso atípico dentro de Santa Cruz: un funcionario capaz de atravesar distintas etapas del poder provincial sin quedar plenamente identificado con ninguna línea interna.
El verdadero salto político llegó con el crecimiento de Claudio Vidal. Gordillo integró el ecosistema técnico que acompañó el armado del partido SER (Somos Energía para Renovar), la estructura creada alrededor del sindicalismo petrolero que terminó desplazando al kirchnerismo del poder provincial. En Santa Cruz lo describen como uno de los hombres que aportó volumen técnico al proyecto de Vidal en hidrocarburos, energía, minería y negociación con empresas privadas. Esa transversalidad terminó convirtiéndose en su principal activo político: sobrevivió al peraltismo, convivió con el kirchnerismo, se integró al vidalismo y terminó ratificado por el gobierno de Javier Milei al frente de YCRT.
La historia de Gordillo no puede separarse de Río Turbio. YCRT es una de las empresas estatales más complejas de la Argentina: subsidios multimillonarios, sindicatos fuertes, peso territorial, disputas históricas y una larga tradición de opacidad administrativa. En la Patagonia, además, Río Turbio siempre estuvo rodeado de otro elemento menos visible: las teorías sobre influencia de inteligencia informal alrededor de empresas energéticas estratégicas.
Por eso la exposición de Arroyo Salgado produjo un terremoto político. Durante una conferencia pública en mayo de 2026, la jueza habló de presuntas conexiones entre estructuras de inteligencia, empresas vinculadas a Río Turbio y personas cercanas a Diego Lagomarsino. Aunque nunca afirmó públicamente que Gordillo fuera autor material del asesinato de Nisman, su nombre empezó a circular inmediatamente después dentro de versiones periodísticas y políticas. El eje de las sospechas giró alrededor de supuestas reuniones con Lagomarsino, posibles vínculos indirectos con inteligencia y el rol estratégico de YCRT.
Desde la empresa negaron todo: rechazaron contactos con Lagomarsino, negaron reuniones y calificaron las versiones como operaciones políticas. La reacción de Gordillo llamó la atención incluso dentro de Santa Cruz. No salió públicamente a confrontar agresivamente con Arroyo Salgado. Tampoco anunció denuncias inmediatas ni construyó un discurso de victimización. Eligió otra estrategia: minimizar el episodio, hablar de “trascendidos” y mostrarse concentrado en la gestión de YCRT. En ambientes políticos santacruceños interpretaron esa conducta como deliberada: evitar convertir una insinuación mediática en una guerra pública con una jueza federal ligada emocional y políticamente al caso Nisman.
Quizás el dato más llamativo alrededor de Gordillo Arriagada sea otro: la escasa huella patrimonial visible. En registros abiertos y bases públicas no aparecen empresas privadas importantes a su nombre, no surgen propiedades relevantes, no hay offshore conocidas ni investigaciones patrimoniales públicas de gran escala. Para un dirigente que lleva más de una década orbitando alrededor de áreas multimillonarias como energía y minería, el vacío resulta llamativo. Algunos lo interpretan como prueba de que nunca construyó poder económico propio visible. Otros creen que refleja una gestión cuidadosa de su perfil público.