Pese al cese de hostilidades militares, los ataques informáticos contra plantas potabilizadoras y sistemas de control aéreo aumentaron en la región, afectando a civiles y generando un debate sobre la seguridad digital.
A pesar del alto el fuego y la pausa en las operaciones militares terrestres en Medio Oriente, la ofensiva informática contra infraestructuras civiles clave se intensificó en varios países. Según un informe de la firma Check Point, grupos vinculados a Irán ejecutaron ataques con malware de borrado de datos contra servidores de la autoridad hídrica nacional de Israel. Por su parte, el sistema de control aéreo de Teherán sufrió una inyección de código que alteró los parámetros de las señales de los radares secundarios.
En las plantas potabilizadoras de la región de Galilea, los sensores detectaron niveles anómalos de cloro luego de que un acceso remoto no autorizado vulnerara los controladores lógicos programables. Como consecuencia, se registraron cortes de agua en distritos del sur de Israel que afectaron a 30.000 hogares durante ocho horas. La infraestructura civil se ha convertido en un blanco recurrente para grupos no estatales con financiamiento encubierto, logrando efectos desestabilizadores sin violar formalmente los tratados de paz.
La ofensiva digital provocó fallas sistémicas en la provisión de agua potable y en el monitoreo del tráfico aéreo. Estos eventos demuestran que la paz física no garantiza la seguridad de las redes informáticas que sostienen la vida urbana. La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) emitió una alerta sobre la vulnerabilidad de los protocolos de comunicación industrial que conectan bombas de agua a internet sin cifrado suficiente.
En el puerto de Haifa, la actividad de carga y descarga se detuvo por un ataque de ransomware. El costo económico de las reparaciones y el fortalecimiento de los cortafuegos en las centrales hidroeléctricas ascendió a 150 millones de dólares. Las infraestructuras críticas son blancos preferidos porque su parálisis genera un caos social inmediato y documentable, mientras que los agresores mantienen la negación plausible ante organismos internacionales al no haber destrucción física directa.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó un aumento del presupuesto destinado a la protección de activos sensibles. El mandatario calificó los incidentes como una extensión de la agresión armada por medios tecnológicos no convencionales. Por su parte, Irán autorizó el despliegue de nuevas unidades de ciberguerra para proteger los centros de datos de la industria petrolera, que también reportó intentos de sabotaje en sus terminales de exportación.