La medida, oficializada mediante la Disposición 20/2026, busca garantizar el equilibrio fiscal y afecta a los sectores de energía, transporte público, empresas estatales y programas regionales.
El Gobierno nacional dispuso un nuevo recorte en los subsidios económicos por un total de $ 223.822 millones, según la Disposición 20/2026, procesada por la Agencia Noticias Argentinas y detallada en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La medida se suma a los ajustes previos en salud, educación e infraestructura vial, con el objetivo de asegurar el equilibrio fiscal.
Los sectores alcanzados por la reducción incluyen la provisión de energía eléctrica y gas, el sistema de transporte público de pasajeros, y diversos programas de fomento a economías regionales y la industria láctea. También se recortan créditos destinados a empresas tecnológicas y medios de comunicación dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa.
El mayor impacto se concentra en el área de energía, con una reducción de $ 136.231 millones. Dentro de este rubro, se disminuyen $ 110.000 millones de las reservas del Tesoro para subsidios energéticos, $ 13.410 millones del Plan Gas IV, $ 11.392 millones del Fondo Fiduciario FFGAS para compensación tarifaria en zonas frías, $ 1.366 millones en compensaciones a productoras de gas (Resolución 24/2025) y $ 63 millones del proyecto de energías renovables en mercados rurales (COMIP).
En transporte público, el recorte asciende a $ 30.000 millones, reduciendo los créditos de las reservas del Tesoro destinados al sostenimiento de los servicios de movilidad en todo el país.
Un tercer bloque, agrupado como “otros subsidios”, suma $ 57.591 millones. Incluye $ 50.000 millones menos para subsidios a empresas públicas, $ 2.980 millones para gastos corrientes de ARSAT, y $ 1.618 millones para asistencia financiera a medios estatales (RTA SA, APE SA y Contenidos Artísticos e Informativos SA).
Finalmente, la medida afecta a sectores productivos regionales: se eliminan $ 1.705 millones del programa Impulso al Desarrollo de Economías Regionales y $ 1.000 millones para políticas del sector lácteo. También se reducen $ 289 millones destinados a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para el aprovechamiento de recursos hídricos.