Un informe interno del Ministerio de Justicia, revelado por Revista Semana, advirtió sobre presuntos privilegios, falta de controles y riesgos de fortalecimiento criminal en las negociaciones con grupos armados.
Un documento interno del Ministerio de Justicia, fechado en marzo de 2025, alertó al Gobierno nacional sobre presuntas irregularidades, vacíos y permisividades dentro de la implementación de la política de “paz total”, especialmente en las negociaciones con estructuras criminales del Valle de Aburrá.
El informe, conocido por Revista Semana, expuso preocupaciones relacionadas con beneficios a integrantes de organizaciones ilegales, falta de controles y riesgos de fortalecimiento criminal durante los acercamientos adelantados por el Ejecutivo.
Según la información revelada, el documento fue elaborado cuando Ángela María Buitrago lideraba el Ministerio de Justicia y hacía referencia directa a las mesas de diálogo con las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI). El informe advirtió que, durante la implementación de la estrategia, se estaban generando situaciones que podían resultar contraproducentes para el proceso y favorecer el fortalecimiento de estas organizaciones ilegales.
Entre los puntos más relevantes, el Ministerio de Justicia alertó sobre un aumento del reclutamiento forzado durante las negociaciones. La “investigación preliminar” identificó que varias de estas estructuras criminales habrían incrementado prácticas de reclutamiento forzado con el objetivo de ampliar su poder territorial y operacional.
El documento también cuestionó la falta de avances en la Comisión Intersectorial para la Promoción de Paz, anunciada por el Gobierno Petro desde 2022 para identificar a los voceros que participarían en las mesas de diálogo. Según el informe, dos años después del anuncio oficial, dicha comisión ni siquiera había sido convocada ni conformada formalmente.
Las advertencias apuntaban a la falta de control dentro de cárceles donde estaban recluidos integrantes de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia señaló en el documento que varias situaciones registradas dentro de centros penitenciarios estaban afectando el desarrollo de los diálogos y generando preocupaciones sobre posibles privilegios para cabecillas criminales privados de la libertad.
Parte de esas alertas terminaron tomando relevancia pública tras la polémica parranda vallenata realizada en abril de 2026 en la cárcel de Itagüí, Antioquia. En ese evento participaron integrantes de organizaciones criminales recluidos en el penal, hecho que generó fuertes cuestionamientos sobre el control estatal dentro del centro carcelario.
El informe mencionó riesgos de que las estructuras criminales recuperaran poder dentro de los procesos de diálogo. “Estas solicitudes pueden generar prerrogativas a líderes o grupos de organizaciones criminales que están buscando restablecer su poderío”, señalaba el texto citado por Semana.
Otro de los puntos señalados en el informe hacía referencia a la Sentencia C-523 de 2023 de la Corte Constitucional, que establecía lineamientos sobre la posibilidad de adelantar acercamientos y conversaciones con estructuras criminales que demostraran voluntad de sometimiento a la justicia. Según el documento, existían cuestionamientos sobre el cumplimiento y la atención dada a ese fallo dentro de la implementación de la política gubernamental.
Las advertencias del Ministerio de Justicia resurgen en medio de las crecientes críticas a la estrategia de “paz total”, especialmente tras hechos recientes relacionados con violencia, fortalecimiento de grupos armados y polémicas alrededor de beneficios otorgados a integrantes de organizaciones ilegales. La política impulsada por el presidente Gustavo Petro ha sido objeto de debate por parte de sectores políticos, expertos en seguridad y autoridades judiciales que cuestionan los resultados obtenidos y las condiciones de negociación con grupos ilegales.