Seis efectivos de la Policía de Córdoba fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo tras la muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años hallado ahorcado en la Comisaría Sexta de barrio General Paz.
Seis efectivos de la Policía de Córdoba han sido imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años que fue encontrado ahorcado en la celda de la Comisaría Sexta de barrio General Paz. La causa apunta a determinar posibles irregularidades en el accionar policial y ya se dispuso la detención de una agente, mientras que los demás permanecen bajo investigación, a cargo del fiscal Andrés Godoy.
El joven había sido arrestado dos veces en menos de 48 horas: una por estafas vinculadas a la venta de un celular y otra por robo y violación de domicilio. Sin embargo, los pedidos de captura se encontraban vencidos. Entre los datos incorporados en la parte final de la instrucción figura que, además del edema cerebral irreversible que derivó en su muerte, presentaba complicaciones pulmonares y renales, lo que a juicio de los investigadores no coincide con la hipótesis oficial de intento de suicidio.
El fiscal, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 8, indicó en declaraciones a ElDoce.tv que las imputaciones refieren tanto a la detención irregular de Orihuela como al desenlace fatal ocurrido dentro de la dependencia policial. En el marco de la instrucción, una mujer policía fue arrestada y el resto de los efectivos imputados podrían quedar sujetos a medidas procesales en los próximos días. También se dispuso el secuestro de los celulares de los agentes involucrados con el fin de esclarecer las comunicaciones y procedimientos internos aquella noche.
La noche del 27 de abril, un patrullero se presentó en el domicilio familiar para solicitar la presencia urgente de los parientes en el Hospital Córdoba, donde recibieron la noticia de la muerte cerebral del joven. El primer diagnóstico médico apuntó a un cuadro neurológico irreversible, aunque al día siguiente se registró un leve repunte de actividad en el Hospital Eva Perón. Sin embargo, la confirmación del fallecimiento llegó ese mismo lunes por la tarde.
El impacto social del caso se reflejó en la despedida pública que recibió Orihuela el 30 de abril, marcada por una masiva caravana de motos en el barrio Pueyrredón. El velorio contó con la presencia de cuatro familiares —dos hermanos y dos primos— que permanecen detenidos en el penal de Bouwer y el penal de Cruz del Eje, quienes fueron trasladados bajo custodia policial al cortejo fúnebre. Este operativo, caracterizado por lo que el medio denominó “despedida tumbera”, se amparó en la ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria.
El abogado penalista Facundo Pérez Lloveras detalló que la decisión de autorizar la presencia de los detenidos recayó en una prosecretaria judicial debido a la urgencia del caso. Explicó que el traslado solo se realiza bajo “razones humanitarias” y previa evaluación de riesgos y antecedentes por parte de la autoridad penitenciaria, quien también define el dispositivo de seguridad y el protocolo de custodia necesario.
Distintas versiones del caso: El Ministerio de Seguridad señaló desde un principio que el fallecimiento de Tomás se trataba de un suicidio y que el joven se quitó la vida dentro de su celda con un buzo. Sin embargo, la familia nunca estuvo de acuerdo con esta versión de los hechos y manifestó discrepancia. Declararon que Tomás “no era depresivo y no consumía alcohol ni drogas”, y sostienen que no pudieron verlo la noche de la muerte cuando su madre acudió con alimentos y abrigo a la Comisaría Sexta. Asimismo, su hermana Mariana cuestionó el horario y las circunstancias del encierro: “Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 22:00 y ya sabía que lo tenían que largar”.
En base a las complicaciones del pulmón y el riñón, la familia sostiene que Orihuela fue golpeado en la dependencia policial. El reclamo se basa en que hubo una acción violenta de los agentes y la presión social crece en Córdoba para que la Justicia precise las circunstancias y responsabilidades en torno a la muerte de Tomás Orihuela.