El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los ocho integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de armas que permanecen prófugos desde mayo de 2024.
El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los ocho integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de armas que permanecen prófugos desde mayo de 2024.
La medida fue dispuesta mediante la resolución 462/2026 publicada hoy en Boletín Oficial a pedido del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica.
Los prófugos de nacionalidad chilena y argentina son buscados en el marco de la causa FMZ 16664/2021/7, que los investiga por participar, con distintos grados de responsabilidad, en una red de tráfico internacional de armas. Todos tienen órdenes de captura nacionales vigentes desde el 22 de mayo de 2024 e internacionales desde agosto de 2025.
Los ciudadanos chilenos que están siendo buscados son Franco Simón Basaez Vílchez (39) -alias “El Javi”- tez trigueña y cabello negro; Lisandro Eduardo Basaez Morales (31) -alias “El enano petiso”-, de características físicas similares a Vílchez; Kevin Matías Sandoval González (27) de tez blanca y cabello corto negro; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval (23) de tez blanca, ojos marrones y cabello corto negro; y Aldana Matilde Glaria Orellana (37) quien posee DNI argentino, tiene tez blanca y cabello largo negro ondulado.
En cuanto a los argentinos que forman parte del listado, se encuentran Carlos Damián Algañaraz (47) -alias “El Porteño”-, de tez trigueña y cabello corto negro; Zaira Nahir Basaez (21), de tez blanca y cabello largo negro; y Selene Anahí Obregón (31), cuya característica principal es un lunar marrón en el centro de la frente.
La recompensa está destinada exclusivamente a personas que no hayan participado en los hechos delictivos y que aporten datos útiles para la captura de los prófugos “investigados por formar parte de una organización delictiva, con diferentes grados de participación en la misma, relacionada con tráfico internacional de armas, enmarcadas en la Ley N° 22.415”.
Aquellas personas que cuenten con información de utilidad podrán ponerse en contacto con el Programa Nacional de Recompensas mediante la línea gratuita 134, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.
A partir del texto firmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la resolución instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales para que difundan los afiches de búsqueda en todas sus formas, y encargó a la Dirección de Comunicación Institucional la publicación de la medida en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva y embargos de hasta 120 millones de pesos a once personas acusadas de integrar una organización que desvió al menos 742 armas de fuego de los registros oficiales hacia circuitos ilegales entre 2022 y 2026.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que detectó un patrón atípico en la adquisición y transferencia de armas. El análisis identificó usuarios que, en períodos cortos, solicitaron la tenencia de cinco o más armas con ingresos incompatibles con el valor del material adquirido. El relevamiento abarcó 147 casos, con inspecciones en 38 domicilios y detección de irregularidades en 35 de ellos. La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina.
La Justicia determinó que la banda operó mediante testaferros, armerías, gestores administrativos y facilitadores dentro de organismos de control. Las armas, aunque formalmente registradas, no permanecían en poder de sus titulares. Algunas tuvieron como destino Chile y Uruguay, y el número total de unidades perdidas podría superar las 2.000.
El juez señaló a Ricardo Javier Mascato como jefe de la organización, con un embargo fijado en 120 millones de pesos. Para el resto de los procesados, el monto fue de 100 millones de pesos cada uno. Cuatro de los imputados —Martín José Núñez, Yanina Micaela Ribeiro, Fernando Héctor Rodríguez y Juan José Fogliani— conservaron el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud.