El jefe de gobierno porteño presentó un paquete de iniciativas que incluye la creación de 80 juzgados laborales de primera instancia y un servicio de conciliación obligatoria, mientras la Justicia evalúa dos medidas cautelares que frenan el traspaso de competencias.
El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un paquete de proyectos para avanzar en la creación del fuero laboral local. La medida se produce mientras la Justicia evalúa dos medidas cautelares que suspendieron la aplicación del convenio de transferencia de competencias firmado con el gobierno nacional en febrero de 2026.
Los proyectos incluyen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N°7) y del Ministerio Público (Ley N°1903). La iniciativa prevé una estructura compuesta por 80 juzgados laborales de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por diez salas de tres jueces cada una.
Otro de los proyectos presentados propone la creación de un servicio de conciliación laboral previa y obligatoria en la ciudad, que replicaría el modelo vigente a nivel nacional. Según el gobierno porteño, esta instancia permitiría canalizar conflictos laborales por vía administrativa antes de llegar a la vía judicial.
Además, se envió una iniciativa para reformar el Código Procesal porteño, con el objetivo de agilizar los plazos judiciales. El proyecto establece un plazo máximo de cinco días para la convocatoria a una audiencia final de alegatos una vez concluida la etapa de producción de pruebas, y un máximo de 30 días para que los jueces dicten sentencia.
El debate por el traspaso de la Justicia laboral data de la reforma constitucional de 1994, cuando la ciudad recibió estatus de autonomía. En febrero de 2026, Jorge Macri firmó con el gobierno de Javier Milei un convenio para transferir las competencias de la Justicia laboral a la órbita porteña. El ministro de Justicia de la ciudad, Gabino Tapia, declaró en su cuenta de X: “Nuevo hito en la autonomía de la Ciudad: firmamos el convenio para que el Gobierno Nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia Laboral. Un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), de la CGT, objetó el traspaso y solicitó a la Justicia que declarara inconstitucional los artículos de la reforma laboral que mencionaban la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” y el convenio firmado. El juez Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°30, hizo lugar al reclamo y dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del acuerdo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Otra medida cautelar previa, dictada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, frenó la puesta en funcionamiento de diez juzgados laborales de primera instancia que la Legislatura había habilitado en diciembre de 2024. Ambas cautelares deben ser levantadas para que el fuero laboral porteño pueda comenzar a operar.
Desde el gobierno porteño afirmaron: “La judicialización relacionada con esta transferencia tiene dos vertientes: las acciones que atacan a la ley de puesta en funcionamiento del fuero y la constitucionalidad de la ley de modernización laboral. Estas acciones judiciales de ninguna forma traban el proceso de puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad”.
El gobierno espera que las cautelares sean levantadas antes de fin de año para inaugurar el fuero laboral propio en febrero de 2027.