El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, con un patrimonio de USD 75.492 millones, es objeto de propuestas del sector privado para financiar proyectos de infraestructura y créditos hipotecarios, mientras su cartera se reconfigura hacia títulos públicos y liquidez récord.
La reactivación económica de Argentina presenta diferencias sectoriales. Los proyectos vinculados a energía, minería y agro concentran la mayor parte de la inversión privada bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En contraste, sectores como la construcción enfrentan una falta de financiamiento de largo plazo. Ante esta situación, el sector financiero y corporativo propone utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el mayor inversor institucional del país.
Durante el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el economista y exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel, expuso la necesidad de emplear los recursos del fondo previsional. “Hay que pensar en el FGS, que tiene plata y es una pena que hoy no haga nada, se la pasa mirando. El Gobierno sabe que está pero por ahora no tiene la voluntad de usarlo”, afirmó Kiguel. Atribuyó la reticencia oficial a razones ideológicas: en el oficialismo “creen que el Estado no tiene que estar presente” en el mercado de crédito.
El interés del sector privado se fundamenta en que la banca comercial local carece de la profundidad y plazos necesarios para financiar obras de infraestructura a gran escala. El FGS, en cambio, posee un horizonte temporal adecuado para estructurar el fondeo mediante fideicomisos financieros u obligaciones negociables (ON).
En el ámbito de los bancos privados, ven una oportunidad para revitalizar el crédito hipotecario. Fuentes del sector indican que la estabilidad de los contratos indexados por UVA representa un argumento para generar instrumentos de inversión de largo plazo que podría captar el FGS.
Desde compañías en las que el Estado tiene participación accionaria a través del fondo, se señala que estos recursos líquidos podrían dirigirse a proyectos de infraestructura donde el sector privado ya avanza, como el desarrollo de redes de transporte para consorcios de energía en hidrocarburos no convencionales.
El exdirector del FGS, Santiago López Alfaro, afirmó que “el FGS puede perfectamente comprar instrumentos securitizados de créditos hipotecarios con oferta pública y calificación. Está dentro de lo que puede comprar el fondo tranquilamente. Cualquier título que tenga oferta pública y la calificación correspondiente puede ser comprado por el FGS, sea un bono corporativo, un fideicomiso o un fondo”.
Según datos oficiales de la ANSES, la cartera del fondo pasó de $40.084.317 millones en diciembre de 2023 a $113.295.211 millones en abril de 2026, y de USD 41.184 millones a USD 75.492 millones, un incremento del 83,3% en moneda extranjera. Los Títulos Públicos Nacionales aumentaron su participación del 71,0% al 78,1%, con un predominio de bonos indexados por CER (58,2% de los títulos). En contraste, los Créditos ANSES cayeron del 3,4% al 0,3% del fondo, y los Proyectos Productivos y de Infraestructura pasaron del 6,4% al 3,6%.
En la cartera de acciones, la ponderación se mantuvo estable (del 13,7% al 13,9%), pero cambió la exposición sectorial. En diciembre de 2023, el fondo transparentaba posiciones individualizadas en empresas como Ternium, Pampa Energía, Camuzzi Gas, Banco Macro y San Miguel. En abril de 2026, el informe aglomera las tenencias por ramas: Energía concentra el 44,6%, Servicios Financieros el 33,8%, Siderurgia el 6,8%, Telecomunicaciones el 6,6%, Alimentos el 3,1% y Bienes Raíces y Construcción el 5,1%.
La posibilidad de utilizar estos recursos al mercado local reabre el debate sobre la intangibilidad del fondo. La Ley Bases original buscaba autorizar al Poder Ejecutivo a liquidar activos del FGS para transferirlos al Tesoro, pero la resistencia de gobernadores y opositores llevó a eliminar ese capítulo. Así, sigue vigente la Ley 27.574 de 2020, que exige el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para cualquier venta de acciones.