La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que el proyecto de Ley de Lobby en tratamiento en Diputados impone cargas administrativas al sector privado, establece sanciones penales y podría restringir el diálogo institucional.
Buenos Aires, 10 junio (NA) — Ante el tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que busca regular la gestión de intereses, conocido como Ley de Lobby, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su posición sobre algunos puntos del texto.
La entidad afirmó que respalda la transparencia en las peticiones de los actores sociales, políticos y económicos ante las autoridades, tanto en decisiones ejecutivas como en la elaboración de leyes. También sostuvo que la publicidad de los actos de gobierno es un pilar del sistema republicano.
Sin embargo, la CAC consideró que ciertos aspectos de la iniciativa deberían modificarse. Entre ellos mencionó la imposición de nuevas cargas administrativas para el sector privado que no se aplican al sector público, la exigencia de requisitos de difícil cumplimiento para organizaciones civiles y pymes —lo que implicaría su exclusión del contacto con el Gobierno y legisladores— y el establecimiento de sanciones penales ante incumplimientos como la falta de inscripción en el Registro de Gestores de Intereses.
La CAC señaló que el mayor control del lobby recaería sobre el sector privado y que las sanciones penales por incumplimientos formales resultan desproporcionadas. También abogó por que la transparencia en los asuntos públicos no se logre a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado, al que definió como principal generador de progreso económico y social. Sostuvo que es necesario alcanzar una ley equilibrada con reglas claras y previsibles para todos los actores.
La entidad reafirmó su compromiso de trabajar de forma articulada con el sector público y quedó a disposición de los legisladores para ampliar su posición.