Más de 180 organizaciones sociales y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios alertaron sobre posibles restricciones a la participación ciudadana y sanciones desproporcionadas en la iniciativa del Poder Ejecutivo.
El proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocido como Ley de Lobby, recibió críticas de distintos sectores. Mientras más de 180 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la iniciativa podría restringir la participación ciudadana, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cuestionó las obligaciones impuestas al sector privado y la posibilidad de criminalizar incumplimientos formales.
El Gobierno busca otorgar un marco de transparencia a las gestiones de empresas, cámaras empresarias, consultores, estudios profesionales, organizaciones e intermediarios ante funcionarios públicos y legisladores. Para ello, el proyecto propone la creación de un Registro Público de Gestión de Intereses, donde deberán inscribirse los gestores y presentar declaraciones juradas sobre los temas abordados en cada contacto con funcionarios o legisladores.
La iniciativa también prevé un régimen de sanciones que incluye multas de entre 500 salarios mínimos y la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de gestión de intereses en casos graves. A su vez, impone obligaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso para informar y dar publicidad a las reuniones con lobistas.
Las organizaciones sociales señalaron en un comunicado que el proyecto «incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal». Cuestionaron la equiparación entre organizaciones sociales y empresas bajo un mismo esquema de registro, control y sanciones, y advirtieron que la normativa podría desalentar la participación de entidades pequeñas y reducir la diversidad de voces en el debate público.
En cuanto al financiamiento de organismos internacionales, las organizaciones expresaron preocupación porque el proyecto permitiría al Estado requerir información adicional invocando conceptos como «seguridad interior» o «interés público», equiparándolas con representantes de intereses extranjeros. Compararon esta situación con normas en Hungría o Paraguay que derivaron en mayores controles sobre organizaciones independientes.
La posibilidad de imponer penas de prisión por incumplimientos formales fue otro punto de crítica. «Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad», afirmaron. También cuestionaron que las sanciones sean más severas para actores privados que para funcionarios públicos.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también expresó reparos sobre varios artículos. La entidad respaldó el objetivo de transparencia, pero advirtió que el texto incorpora nuevas cargas administrativas que podrían ser de difícil cumplimiento para empresas y pymes. «El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales, lo que a todas luces resulta desproporcionado», sostuvo la CAC.