El Gobierno provincial presentó una iniciativa que permite clausuras, tapiados y demoliciones de inmuebles utilizados para actividades delictivas, con foco en el narcomenudeo. La medida incluye la creación de una unidad interagencial para acelerar los procedimientos.
El Gobierno provincial avanzó con el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que busca habilitar la intervención rápida del Estado sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas, con foco en el narcomenudeo y otros delitos asociados. La medida prevé la posibilidad de clausuras, tapiados e incluso demoliciones mediante orden judicial, además de la creación de una estructura interagencial para acelerar los procedimientos.
En diálogo con Punto a Punto Radio, la legisladora Nadia Fernández explicó que la iniciativa apunta a recuperar espacios que funcionan como puntos de venta de drogas o refugio de bandas delictivas. En ese sentido, sostuvo que se trata de lugares que “generan violencia y deterioran la vida de los vecinos en los barrios”.
Fernández detalló que el proyecto no se limita al narcotráfico, sino que también incluye inmuebles utilizados para ocultamiento de objetos robados o desarmaderos ilegales. “Se trata de un régimen específico para intervenir búnkeres o aguantaderos donde se cometen múltiples delitos”, señaló.
El esquema contempla la creación de una unidad interagencial integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los municipios que adhieran. Según explicó la funcionaria, el objetivo es acelerar las intervenciones para cortar la actividad delictiva “en cuestión de horas”.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la administración de bienes y fondos vinculados a estas estructuras. La iniciativa establece que el 60% de los recursos incautados se destinará al fortalecimiento operativo y tecnológico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% irá a programas de prevención y abordaje del consumo problemático.
Fernández remarcó que la ley busca recuperar espacios públicos y devolver seguridad a los barrios afectados por estas estructuras. “Creemos que esta es una medida que viene a hacer un poco de justicia, sacarle a los narcos para devolverle a la gente la paz que en algún momento perdieron”, afirmó.
“Por cada búnker derribado tendrá que existir un club, una plaza, un espacio comunitario, devolverle el espacio público y la paz a los cordobeses”, agregó la funcionaria.
“El delito actúa rápido, entonces necesitamos ser lo suficientemente operativos para dar respuesta”, afirmó. Finalmente, destacó la importancia del trabajo conjunto con los municipios y la justicia para detectar estos espacios y actuar de manera coordinada. También recordó la existencia de la línea anónima 0800-888-8080 para denuncias vinculadas al narcotráfico y consumo problemático.