La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una medida cautelar que exige respetar la Ley de Financiamiento Universitario, lo que llevó al Ejecutivo a modificar su estrategia presupuestaria.
Buenos Aires, 27 de junio (NA). La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. El fallo judicial modificó la estrategia del Gobierno en relación al presupuesto de las universidades.
La ley, que había sido aprobada por insistencia legislativa, implicaba un costo fiscal estimado en 1,3 billones de pesos. El Poder Ejecutivo había rechazado su aplicación mediante un veto presidencial. Tras el fallo de la CSJN, fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se evalúa cumplir con la normativa mediante una reasignación de partidas, manteniendo el equilibrio fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, no descartó la posibilidad de enviar los fondos requeridos. Una fuente libertaria señaló: “Habrá reasignación de partidas pero siempre cuidando el superávit fiscal, eso no se toca”.
En el ámbito interno, sectores del oficialismo mostraron diferencias respecto a la estrategia judicial diseñada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. Previamente, algunos funcionarios habían expresado optimismo sobre el resultado del recurso presentado ante la Corte, pero el fallo no acompañó esa expectativa.
La ley de Financiamiento Universitario había sido dialogada con rectores y contó con el aval del secretario de Educación, Carlos Torrendell. Semanas atrás se acordó un incremento salarial con la Federación de Universitarios (FEDUN).
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró el fallo. Declaró: “Una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse, ni más ni menos que eso. Entonces creo que el fallo de la Corte es saludable en esos dos sentidos. Y abre una esperanza de que podamos tener efectivamente la aplicación plena de la ley y con eso la resolución del conflicto”.