La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se encuentra en el centro del debate tras cuestionamientos sobre su funcionamiento, financiamiento y el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) volvió al centro del debate tras los cuestionamientos sobre su funcionamiento, su financiamiento y el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Creada por la Ley 25.849 en 2004 como una entidad de integración público-privada, tiene la misión de coordinar el desarrollo de la industria vitivinícola argentina y promover su crecimiento a largo plazo.
Según explicó el periodista especializado en vitivinicultura, José Luis Belluscio, «La COVIAR es una entidad mixta, pública y privada; no representa intereses particulares, sino que está por encima de todo eso», al remarcar que su directorio está conformado por cinco representantes del sector público y doce del ámbito privado. No obstante, advirtió que «es muy representativo del sector siempre y cuando la política no influya ni se meta dentro de las decisiones», una condición que, a su entender, no siempre se ha cumplido.
El objetivo del plan estratégico y el financiamiento de la COVIAR: Belluscio recordó que la función principal de la entidad es ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola, diseñado con una visión de largo plazo y no para responder a las crisis económicas coyunturales. «La COVIAR tendría que haber estado por encima de todas esas crisis económicas para poder determinar cómo seguir en el plan estratégico», sostuvo. Entre las metas originales del PEVI mencionó alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares en 2020, lograr una participación del 10% en las exportaciones mundiales de vino, integrar a los pequeños productores y recuperar el consumo de los vinos básicos o de mesa. Para financiar estas acciones, explicó que la COVIAR percibe una contribución obligatoria que pagan las bodegas por cada botella comercializada, tanto en el mercado interno como en el externo. «Alrededor de un peso por cada una de las botellas que salen al mercado», precisó.
La polémica por los recursos y el quiebre institucional: El periodista señaló que, según estimaciones, en los últimos quince años la entidad habría recaudado cerca de 230 millones de dólares, una cifra que consideró significativa para impulsar el desarrollo del sector vitivinícola. Sin embargo, recordó que en la asamblea de 2025 se aprobó un incremento del 45% en la contribución obligatoria, una decisión que profundizó el conflicto interno. Según Belluscio, el aumento fue cuestionado por el propio Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y por varias cámaras empresariales que dejaron de participar de las asambleas. Además, identificó un punto de inflexión en 2020, con la designación de José Alberto Zuccardi como presidente de la entidad. «A partir de ese momento, todas las decisiones fueron exclusivamente de una parte de la COVIAR», afirmó, al explicar el origen de las divisiones que hoy atraviesan al organismo.