Elder Chávez, de 18 años, contaba con el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJ) y fue arrestado por el ICE luego de una infracción de tránsito en Alabama. Su caso refleja cambios en la política migratoria durante el segundo gobierno de Donald Trump.
Un informe reciente expuso el aumento de las detenciones y deportaciones de menores migrantes no acompañados durante el segundo gobierno de Donald Trump. Entre los casos analizados figura el de Elder Chávez, quien contaba con Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJ, por sus siglas en inglés) y fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una infracción de tránsito en Alabama.
Elder Chávez llegó a Estados Unidos a los 14 años después de haber sido abandonado por sus padres en Honduras. Años más tarde obtuvo la clasificación SIJ, una protección creada para menores que sufrieron abuso, abandono o negligencia. Sin embargo, ese reconocimiento no impidió que terminara bajo custodia del ICE.
El episodio que derivó en su arresto ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en Auburn, Alabama. Chávez, de 18 años, fue interceptado por la policía local mientras conducía a 50 millas por hora (80 kilómetros por hora) en una zona señalizada para 45 (72). Cuando intentó mostrar la documentación que acreditaba su proceso migratorio y explicó que un abogado gestionaba su residencia permanente, según su testimonio, uno de los agentes respondió: “Tus papeles no sirven de nada”.
Tras ese episodio, Chávez fue entregado a las autoridades migratorias e ingresó al sistema de detención. Después de su arresto, fue trasladado al Centro Correccional de Winn, en Luisiana, donde permanece detenido mientras enfrenta una orden de deportación que actualmente intenta revertir mediante una apelación.
El SIJ fue establecido por el Congreso para ofrecer una vía de protección a menores de 21 años que puedan demostrar ante un tribunal de familia que fueron víctimas de abandono, abuso o negligencia. Para acceder a esta clasificación es necesario cumplir requisitos como ser soltero, permanecer en Estados Unidos y contar con una orden judicial que determine que la reunificación familiar no es posible y que regresar al país de origen no representa la mejor alternativa para el menor. Sin embargo, obtener la clasificación SIJ no significa recibir automáticamente un estatus migratorio permanente.
Uno de los principales cambios ocurrió con la eliminación de la acción diferida automática para quienes ya contaban con un SIJ aprobado pero seguían a la espera de una visa para tramitar la residencia permanente. Con la modificación aplicada el 10 de mayo, esa protección dejó de otorgarse de manera general y pasó a evaluarse únicamente en circunstancias consideradas excepcionales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la clasificación SIJ, por sí sola, no representa un estatus migratorio legal, por lo que sus beneficiarios continúan sujetos a las leyes de inmigración mientras sus casos permanecen pendientes.
La investigación elaborada por ProPublica analizó información obtenida mediante solicitudes realizadas bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y concluyó que las deportaciones de menores migrantes no acompañados aumentaron hasta triplicar los niveles registrados durante los últimos años del primer mandato de Trump. El estudio señaló que los tribunales de inmigración emitieron más de 10.000 órdenes de deportación y salidas voluntarias para menores. Los datos revisados indicaron que la mayoría de los menores expulsados no tenía antecedentes penales, mientras que varios fueron detenidos pese a mantener procedimientos migratorios abiertos o contar con algún tipo de protección previa.