Sectores navales ven con preocupación la condena al capitán Villamide, aunque su ejecución es condicional; entienden que establece un antecedente negativo; el Ministerio Público Fiscal evalúa una apelación.
Con sorpresa y alivio se recibió en la Armada el fallo judicial que absolvió a tres oficiales superiores y condenó –con una pena de ejecución condicional- al capitán de navío Claudio Javier Villamide en el juicio por la tragedia del ARA San Juan.
Sin embargo, la satisfacción no es plena, dado que la sentencia generó posiciones encontradas en la Armada, según fuentes navales consultadas. Frente al silencio de la conducción de la fuerza, sectores que transmiten la posición de almirantes retirados lamentan la condena a un oficial superior.
Varios integrantes de la Armada esperaban una absolución completa de los cuatro oficiales llevados a juicio para evitar antecedentes que en el futuro afecten a los oficiales que asuman la conducción de personal y medios de la fuerza.
La preocupación expresada días atrás por sectores cercanos al Foro de Almirantes Retirados no fue acompañada con la misma energía por la conducción de la Armada, que encabeza el almirante Juan Carlos Romay.
El Ministerio Público Fiscal, que había solicitado penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro marinos acusados, evalúa recurrir la sentencia a Casación cuando se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto.
Un detalle significativo que en la Armada no pasan por alto es que mientras las absoluciones tuvieron el voto unánime de los jueces, no ocurrió lo mismo con la condena a Villamide, que fue dispuesta por mayoría. “Iba a ser muy difícil que el tribunal absolviera a los cuatro oficiales”, declararon fuentes de la Armada.
Con el antecedente de la condena a quien tuvo en sus manos la dirección de la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia, aunque la pena es de ejecución condicional, se determinó la responsabilidad por el naufragio del submarino en un tercer nivel de la cadena de mandos. Quedaron exceptuados el entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, así como el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quienes cumplían funciones en la Fuerza de Submarinos. Villamide compartió con todos ellos el proceso judicial. En cambio, no fue llevado a juicio el entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur.
La Justicia tampoco evaluó a las autoridades políticas, de cuyas decisiones se desprenden los recursos asignados a las Fuerzas Armadas para que los medios militares puedan estar en condiciones.
Sectores navales interpretan que el fallo modifica un paradigma no escrito, según el cual el comandante de un buque es el responsable directo de lo que suceda con su unidad. La sentencia desplaza esa carga al superior del comando o división naval, que para evitar riesgos o potenciales demandas administrará los recursos con criterios restrictivos.
“Perseguir a la estructura superior en tierra invierte un principio elemental de la profesión naval y solo prospera ante una opinión pública que desconoce cómo funciona el comando en el mar”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, al ser consultado por LA NACION.
Con su fallo, el tribunal concentró la exclusiva responsabilidad por el desenlace del submarino ARA San Juan en el oficial de la Armada que fue destituido por el Consejo General de Guerra, un tribunal disciplinario constituido durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, en el gobierno de Alberto Fernández.
Villamide fue el único marino sancionado por ese organismo, que argumentó “faltas gravísimas” al imputarle “negligencia por falta de cuidado o descuido de la tropa y del equipamiento a su cargo”. Ese castigo lo privó del grado militar, de sus haberes –su esposa recibe una pensión equivalente al 75% de sus ingresos- y le impide vestir el uniforme militar. Ese mismo Consejo de Guerra le aplicó al almirante Srur un arresto de 45 días.
En la Armada cuestionan la sanción disciplinaria del Consejo de Guerra, que no tuvo ningún marino entre sus integrantes.
Una de las perspectivas tras el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz, aunque todavía no se encuentra firme, son las posibles demandas por resarcimientos civiles que seguirán a la instancia penal.
En el juicio hubo reclamos de una reparación integral, aunque en lo inmediato se espera que la Fiscalía y las querellas se concentren en los recursos de apelaciones y planteos de nulidad para impugnar lo actuado por el tribunal.
Las familias de las víctimas no cobraron aún una indemnización por la tragedia del submarino, ocurrida hace ocho años y ocho meses. Hubo una ayuda económica que otorgó por ley el gobierno de Alberto Fernández, que exigía como condición la renuncia “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”.