El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado este sábado para precisar el alcance jurídico de la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, señalando que carece de carácter vinculante y no modifica las decisiones de las autoridades peruanas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha señalado este sábado que la opinión recientemente emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación con la situación del expresidente Pedro Castillo carece de carácter vinculante y no altera en modo alguno las decisiones tomadas por las autoridades peruanas.
A través de un comunicado, la Cancillería peruana ha matizado el alcance jurídico del pronunciamiento difundido por este mecanismo de la ONU respecto al exmandatario y ha subrayado la naturaleza de las opiniones emitidas por dicho grupo, cuyo propósito no es otro que «promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de Derechos Humanos».
En este sentido, desde Exteriores han explicado que el grupo en cuestión «es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de (la ONU), integrado por profesionales independientes que, en el marco del mandato conferido por dicho órgano, examinan comunicaciones individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados».
A renglón seguido, el Ministerio ha recordado que, «conforme al Derecho Internacional Público, las opiniones del Grupo de Trabajo constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional». Por tanto, ha reiterado, «sus opiniones no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes».
Este pronunciamiento llega después de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyera este jueves que la detención del expresidente Pedro Castillo, que tuvo lugar en el marco de una investigación por un presunto intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, fue «arbitraria» y pidiera su liberación inmediata. Para los expertos de la ONU, la arbitrariedad de esta detención se debe a que vulneraría los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —derechos a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a un tribunal independiente y a la presunción de inocencia— y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen énfasis en el derecho a la libertad y la igualdad ante los tribunales.
En base a este documento, el propio Castillo ha reclamado este viernes su liberación, alegando que esta «histórica decisión» viene a confirmar «de manera inequívoca» que su encarcelamiento no tuvo justificación y que el Estado peruano «violentó flagrantemente» sus Derechos Humanos. El exmandatario ha apelado asimismo a «todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como a las instancias de la administración de justicia de Perú» para que acaten «de inmediato» y apliquen «lo dispuesto por esta instancia de Naciones Unidas», pues de ignorarlo se coloca al Estado peruano «en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional».
Castillo se encuentra cumpliendo una pena de once años de prisión por delitos de rebelión por el intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y convocar una nueva constituyente en respuesta al bloqueo que el Legislativo sometió a sus intentos de poner en marcha nuevas leyes. Además de esta condena, Castillo tiene abierto otro frente por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.