El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, reporta una plantilla de 3.389 efectivos para supervisar a 25 millones de afiliados, por debajo de los estándares internacionales. Sindicatos señalan precariedad salarial y escasez de medios técnicos.
La Inspección de Trabajo en España enfrenta dificultades para supervisar el fraude laboral debido a la falta de personal, la precariedad salarial y la insuficiencia de recursos técnicos, según informaron representantes sindicales. El organismo, que depende del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, cuenta con 3.389 efectivos en todo el país, de los cuales aproximadamente 2.200 son inspectores y subinspectores, para atender a 25 millones de afiliados a la seguridad social.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda un inspector por cada 10.000 personas. En España, la proporción es de un inspector por cada 15.000 personas, según indicó Miguel Ángel Montero, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En 2022 y 2023, la Inspección de Trabajo realizó una huelga por primera vez en su historia, lo que llevó al Ministerio de Función Pública a reforzar ligeramente las plantillas. No obstante, Fernando Boró, miembro de la ejecutiva de la sección sindical de FSC-CCOO en el Ministerio de Trabajo, calificó las cifras como “totalmente insuficientes”.
Desde CCOO señalaron que los subinspectores también supervisan a parte de la población inactiva, como jubilados que continúan trabajando mientras reciben prestaciones, lo que consideran fraude.
CSIF destacó la falta de personal administrativo, que consideran el soporte del engranaje de la inspección. “El personal administrativo se suele jubilar a los 60 años porque cobra prácticamente lo mismo que trabajando. La gente se jubila, pero no entra gente nueva para cubrir la vacante vacía”, afirmó Montero. En oficinas como las de Baleares, uno de cada dos trabajadores podría jubilarse en los próximos dos años, según explicó.
En 2025, CCOO presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, admitida a trámite en febrero, en la que denunció diferencias salariales entre las delegaciones autonómicas en Cataluña y País Vasco respecto al resto de España. El sindicato sostiene que estas modificaciones se acordaron sin diálogo sindical y describió la situación como de “bloqueo”.
Ambos sindicatos señalaron también la falta de medios técnicos. Aunque el Gobierno renovó y entregó equipo informático nuevo, los funcionarios reportan que la intranet “se encuentra interrumpida por mantenimiento”. “El Gobierno licitó recientemente un contrato para mejorar esta herramienta informática, pero a día de hoy, solo nos encontramos con parches y fallos en el servicio”, afirmaron.