El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para fortalecer la normativa vigente, tras detectar una baja adhesión. Especialistas señalan que la desconfianza persiste.
El Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto para fortalecer la Ley de Inocencia Fiscal, luego de comprobar que el ingreso de los denominados «dólares del colchón» al sistema financiero quedó por debajo de las expectativas. La iniciativa busca otorgar mayores garantías jurídicas a los ahorristas, aunque tributaristas consultados coinciden en que el principal obstáculo sigue siendo la desconfianza sobre la estabilidad de las reglas de juego y la seguridad del sistema financiero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Ejecutivo decidió impulsar una nueva norma tras recibir observaciones de especialistas tributarios. Según explicó, el objetivo es despejar las dudas que surgieron con la ley vigente y garantizar que quienes incorporen sus ahorros al sistema financiero queden protegidos «independientemente de quién sea el gobierno de turno».
Caputo sostuvo que el Banco Central calcula que hay 170.000 millones de dólares «debajo del colchón», más de cuatro veces los depósitos en dólares del sistema financiero. «A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón», afirmó, y agregó que formalizar esos fondos permitiría seguir bajando impuestos sin necesidad de subir la presión tributaria.
El jefe del Palacio de Hacienda afirmó que «el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada» y que el propósito sigue siendo que esos fondos puedan formalizarse «sin ninguna penalidad de ningún tipo».
Sin embargo, los especialistas consultados por PERFIL coinciden en que el problema excede la cuestión tributaria y responde a factores económicos, regulatorios e incluso políticos que aún no fueron resueltos.
Maximiliano Batista, socio de Martínez de Hoz & Rueda, señaló que «el sistema bancario argentino es considerado menos seguro que los de otros países para los depósitos en moneda extranjera» y recordó antecedentes como el fallo «Peralta» de la Corte Suprema de 1990 y el corralito de 2001. A su entender, «la solución es más económica que jurídica».
El abogado tributarista Pablo Judkovski expresó que «la primera respuesta no es jurídica ni reglamentaria, sino económica», ya que los capitales «migran hacia sistemas más robustos que aún la Argentina no ofrece».
Daniel Ricardo García, director de LexTax Advisory, indicó que la Ley de Inocencia Fiscal mejoró algunos aspectos impositivos, pero «no consiguió eliminar el principal obstáculo: la desconfianza histórica del contribuyente frente al organismo de recaudación tributario». Según datos de ARCA, hasta mayo se habían adherido aproximadamente 94.500 contribuyentes.
Frente a este escenario, Caputo anunció que el proyecto incorporará mayores garantías. García consideró que el nuevo texto debería establecer un verdadero efecto liberatorio y coordinar reglas entre ARCA, el Banco Central, la UIF y las entidades financieras. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también reclamó modificaciones, como una suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales para pymes.
Pese a los cambios anunciados, los especialistas sostienen que la bancarización dependerá de la estabilidad económica, reglas previsibles y garantías que se mantengan en el tiempo. Mientras persistan las dudas, los dólares seguirán mayoritariamente fuera del circuito formal.