El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que modifica el régimen de protección de activos estratégicos, lo que generó un debate sobre el alcance de la propiedad privada, la soberanía y la defensa nacional.
El Gobierno Nacional impulsa un proyecto de ley que modifica el régimen de protección de activos estratégicos. La iniciativa, que ya ingresó al Congreso, plantea cambios en las herramientas jurídicas mediante las cuales el Estado resguarda determinados bienes considerados de interés para la seguridad, el desarrollo y la autonomía nacional.
El proyecto se enmarca en un debate sobre el alcance de la propiedad privada y la soberanía. Según fuentes oficiales, el texto busca armonizar ambos principios, aunque sectores de la oposición cuestionan el alcance de las modificaciones.
La Constitución Nacional establece en su Preámbulo los fines del Estado argentino, entre ellos “proveer a la defensa común” y “promover el bienestar general”. Esa base normativa es citada por quienes defienden la necesidad de mantener instrumentos de protección sobre infraestructuras críticas.
El proyecto contempla la creación de una Ley de Protección de Activos Estratégicos, que establecería mecanismos objetivos de evaluación para decisiones que afecten capacidades esenciales del Estado. También prevé la intervención técnica obligatoria de organismos competentes en defensa, seguridad, relaciones exteriores, ciencia y tecnología, y reserva al Estado instrumentos excepcionales como una participación especial o acción de oro en activos críticos.
En el plano internacional, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Francia, Alemania y Brasil mantienen regímenes de control de inversiones extranjeras en sectores sensibles. Esos mecanismos son compatibles con economías de mercado y buscan proteger la seguridad nacional.
El proyecto también se vincula con casos recientes como la instalación de la estación espacial china en Bajada del Agrio, el radar de LeoLabs en Tolhuin y la enajenación de inmuebles militares. En esos casos, se señaló la necesidad de un debate integral sobre las implicancias estratégicas.
El debate parlamentario se desarrollará en las próximas semanas. El oficialismo defiende la iniciativa como un avance en la protección de intereses permanentes, mientras que la oposición pidió precisiones sobre el alcance de las restricciones a la propiedad privada.