El Gobierno nacional acumula $1,35 billones del impuesto a los combustibles líquidos sin ejecutar en obras viales. El 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo. La administración de Javier Milei impulsa un esquema de concesiones por 20 años para la recuperación de los corredores.
Un camión que transportaba arena destinada a Vaca Muerta volcó este jueves en la ruta 151, en Río Negro. El conductor declaró a medios locales: “Vi que hay un pozo muy grande y como venía otro camión de frente tuve que esquivarlo. La banquina está muy descalzada y con barro, así que el camión se me fue. Está explotada esta ruta”.
El incidente se suma a una serie de siniestros viales registrados en rutas nacionales durante los últimos meses. En marzo, en la ruta 50 en Orán, Salta, una colisión entre una camioneta, un camión y un tercer vehículo dejó cuatro heridos. En la ruta 127, en Bovril, Entre Ríos, fallecieron tres miembros de una familia y una adolescente resultó gravemente herida tras un choque frontal. En la ruta 11, en Vera, Santa Fe, se produjeron múltiples vuelcos durante un fin de semana largo. En Clorinda, Formosa, un siniestro en la misma ruta dejó un muerto y dos heridos a fines de 2025. En diciembre, en la ruta 9 a la altura de Humahuaca, Jujuy, un incidente entre un camión y un colectivo causó una víctima fatal y más de veinte heridos. En la ruta 16, en Chaco, un sargento del servicio penitenciario provincial falleció en un triple choque.
El informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) indica que el 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, con alto riesgo de siniestralidad vial. La proyección para el bienio 2027-2028 prevé un agravamiento de la situación si no se ejecutan obras públicas.
Desde la Dirección Nacional de Vialidad, en declaraciones a PERFIL, señalaron: “El concesionario podrá aplicar los cuadros tarifarios que resulten de las licitaciones recién una vez finalizadas las obras iniciales de puesta en valor de cada tramo y cumplidos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones técnicas generales”. Los trabajadores viales indicaron que las mejoras de peso que deben realizar los concesionarios figuran recién en el octavo o décimo año de algunos contratos.
El impuesto a los combustibles líquidos (ICL) aumentó el viernes y pasó de representar el 9% al 18% del precio de la nafta súper. Por ese concepto, Vialidad recibe $534 mil millones extra anuales. Según registros de ARCA procesados por el Instituto Argentina Grande (IAG), el Ministerio de Economía acumula $1,35 billones desde la asunción de Luis Caputo en 2023. Con ese monto se podría haber cubierto el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de red, equivalente a más de dos veces la distancia de Ushuaia a La Quiaca.
El IAG calcula que mantener en condiciones el total de los caminos costaría US$4.213 millones, mientras que reconstruir la infraestructura desde la situación actual costaría US$40.773 millones, de los cuales US$23.240 millones corresponden a rutas nacionales.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, publicó en su cuenta de X: “Casi tres años sin obra pública. Única nación en el planeta con este modelo. Milei gobierna el octavo país más grande del mundo y no construyó un solo kilómetro de ruta durante su mandato. Son el colmo de la ineficiencia para gobernar. Van a dejar este país intransitable, con familias destrozadas por accidentes evitables y producciones completas sin poder transportarse”. Katopodis lidera un reclamo con más de 100 intendentes para que Nación ejecute los fondos del ICL. Presentó un petitorio en el Palacio de Hacienda, acompañado por la Federación Argentina de Municipios, presidida por Fernando Espinoza.
En la provincia de Buenos Aires, un relevamiento de PERFIL indica que la autovía 3 en el tramo San Miguel del Monte–Azul, la ruta 5 en Mercedes–9 de Julio y la ruta 7 en Chacabuco–Carmen de Areco presentan obras paralizadas. Los accesos al Puerto de Bahía Blanca tienen congestión de tránsito pesado. La ruta 33 presenta fallas estructurales en el tramo Bahía Blanca–Rosario. En La Rioja, la ruta 38 presenta cráteres que dificultan el tránsito. Situación similar se da en las rutas 79 y 153.
Desde La Pampa, se indicó a PERFIL: “El desgaste no es uniforme: al principio, la caída en calidad es lenta, pero hacia el final de la vida útil, el deterioro se acelera rápidamente. Por eso, es fundamental hacer mantenimientos en las primeras etapas del desgaste. Si no se actúa a tiempo, las rutas llegarán a un punto en que ya no podrán ser reparadas con mantenimiento, y será necesario hacer una reconstrucción completa”. El mal estado de los caminos nacionales desvía el tránsito a las vías provinciales.
La Nación comenzó a delegar en provincias la facultad de concesionar rutas nacionales. En Río Negro, desde el gobierno provincial sostuvieron: “Hay desinterés y desidia de Nación. La 151 es la que saca todos los productos de Vaca Muerta, que es la región que más ingresos le generan al país”.
Actualmente se trasladan 128 millones de toneladas por año. Cálculos privados proyectan que para 2035 la cifra crecerá a casi 194 millones de toneladas. El mantenimiento no sería suficiente sin una modernización de los caminos, que implica una inversión que se frenó en 2023.
La decisión de inmovilizar la obra pública contribuyó a las cuentas del Tesoro Nacional. En junio, el Ministerio de Economía registró un déficit primario y financiero. El ministro Caputo dispuso un esquema de concesiones por 20 años. Fabián Cattanzaro, secretario general adjunto de Fepevina, afirmó a PERFIL: “Es una inversión de riesgo cero y un negocio financiero. No prevén grandes obras. Es poco para 20 años de concesión”. Añadió: “Dicen que es inversión privada, pero el Gobierno pone el dinero y las garantías para los créditos”.
En otro orden, el Ministerio de Economía habilitó a las empresas constructoras a inscribirse en un registro para regularizar deudas acumuladas desde 2022. Mediante una resolución del mes pasado, se permitió a las empresas cobrar hasta $220 mil millones en bonos. Fuentes del sector privado indicaron a PERFIL: “Entre no cobrar nada y hacerlo en bonos, preferimos esta opción”. Los títulos serán a corto plazo y emitidos casi a la par, lo que permitiría su reventa en el mercado secundario.