El Gobierno de Santa Fe retiró una bandera de la platea del estadio Marcelo Bielsa que decía ‘Las tierras no se venden. Las tierras se defienden’. El secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, explicó que el elemento no estaba relacionado con el espectáculo deportivo y que la decisión se tomó en conjunto con el club.
En la previa del partido entre Newell’s Old Boys y Boca Juniors, disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, las autoridades provinciales secuestraron una bandera desplegada en la platea «Maxi» Rodríguez que llevaba la leyenda «Las tierras no se venden. Las tierras se defienden». El mensaje hacía referencia al debate legislativo sobre la reforma de la Ley de Tierras, proyecto impulsado por el Gobierno nacional que será tratado el jueves 6 de agosto en el Congreso.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, ofreció una conferencia de prensa para explicar los motivos de la medida. Según Angelini, la decisión se tomó en conjunto entre la Dirección de Espectáculos Deportivos y la dirigencia del club, y no respondió a una denuncia previa.
«Existe un minuto cero en un espectáculo, donde se analizan los distintos elementos en un estadio. Se encontró esa bandera, que no tiene nada que ver con el espectáculo deportivo. Desde la Dirección de Espectáculos Deportivos y el club Newell’s Old Boys se definió que correspondía sacarla. Eso es lo que se hizo», declaró el funcionario.
Angelini también aclaró que se desconoce quién colocó la bandera: «No se sabe quién la colocó. Se la encontró cuando se hizo la última inspección mientras ingresaba el público» en el sector de la platea de doble visera.
La bandera aludía al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Poder Ejecutivo nacional en marzo, bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa plantea modificaciones en materia de expropiación y desalojos: redefine los criterios de utilidad pública y amplía los derechos indemnizatorios, y transforma los procesos de desalojo en trámites sumarísimos, con plazos procesales más cortos.