Un tribunal de apelaciones confirmó que las obras para construir un nuevo salón de recepciones en la Casa Blanca, valuado en 200 millones de dólares, necesitan la aprobación del Congreso. El fallo ratifica una sentencia previa y otorga 14 días para que la administración presente un recurso ante la Corte Suprema.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este jueves que la construcción de un nuevo salón de recepciones y cenas de Estado en la Casa Blanca, valuado en 200 millones de dólares, requiere la autorización del Congreso. El fallo ratifica una sentencia emitida en abril por un juez federal que había bloqueado la mayor parte de los trabajos hasta que el Poder Legislativo apruebe formalmente el proyecto.
En su decisión, los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, del tribunal de apelaciones, escribieron: «Todo presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y de la residencia ejecutiva». La resolución permanecerá suspendida durante 14 días para permitir que la Casa Blanca presente un recurso ante la Corte Suprema, por lo que las obras no deberán detenerse de inmediato.
El proyecto, anunciado por el presidente Donald Trump a comienzos de este año, contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 8.300 metros cuadrados, con capacidad para alrededor de 650 invitados. La cifra supera ampliamente al East Room, actualmente el mayor salón de la residencia presidencial, que puede recibir unas 200 personas.
La Casa Blanca sostuvo que el proyecto sería financiado con aportes privados, incluidos fondos del propio Trump y de otros donantes, sin recurrir a recursos de los contribuyentes. Sin embargo, organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio histórico demandaron a la administración al considerar que una modificación de semejante magnitud requiere la autorización del Congreso y el cumplimiento de distintas normas federales de protección histórica.
El caso pone en cuestión los límites de las facultades del presidente para introducir cambios permanentes en uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos. Si bien la administración de la Casa Blanca corresponde al Poder Ejecutivo, su preservación está regulada por leyes federales y supervisada por distintas agencias y por el propio Congreso.